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Coto al control de Internet

EE UU debatirá una ley para castigar a quien colabore con la censura en la Red

El caso de Google en China se vuelve contra las multinacionales que acatan la represión política

La polémica abierta por Google cuando amagó con dejar China por la censura puede desembocar en una ley que castigue, incluso penalmente, a las empresas de EE UU que colaboren con sistemas de represión política en la Red. Lo que Google anunció por iniciativa propia, quizás como lavado de imagen, se convierte ahora en un desafío legal para las multinacionales de Internet.

En respuesta a la ausencia intencional de las dos grandes redes sociales, Facebook y Twitter, de una vista oral en el Senado de EE UU sobre censura y libertad de expresión en la Red, el senador demócrata Dick Durbin, presidente del Subcomité sobre Derechos Humanos y Legislación, ha iniciado los trámites para redactar un proyecto de ley que obligaría a las firmas estadounidenses a respetar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países en que presten servicios, bajo el riesgo de enfrentarse a cargos civiles o criminales.

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Ese anuncio del senador Durbin abre un muy largo camino de trámites en el Congreso, en el que una ley semejante no tiene garantizada de antemano su aprobación. Aun así, otros líderes demócratas, como el presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy, han manifestado su apoyo a lo que han venido a bautizar como una Ley de Libertad en Internet. "La industria tecnológica parece incapaz de autorregularse y de entablar un diálogo con el Congreso sobre los desafíos a los derechos humanos", dijo Durbin tras la vista oral del martes. "En vista de esa resistencia, he decidido que es la hora de tomar una posición más activa".

Los senadores de ese subcomité criticaron duramente esta semana que sólo Google haya anunciado el final de sus prácticas de censura en China. Microsoft sigue filtrando los resultados de su buscador Bing y lo mismo hace la filial china de Yahoo. Por su parte, las dos grandes redes sociales, Facebook y Twitter, se han negado a compartir ningún tipo de información con el Congreso, alegando que no disponen de sedes en China y que aún no pueden destinar los mismos recursos que los grandes titanes para garantizar los derechos de sus usuarios.

En una carta enviada a Durbin el 19 de febrero, el director de políticas públicas de Facebook, Timothy Sparapani, dijo: "A medida que nuestro negocio crece internacionalmente, dedicamos más esfuerzos a ofrecer las herramientas y los servicios que le den a los usuarios la capacidad de respetar las condiciones y tradiciones locales y sus requerimientos legales". Es decir: que si un Gobierno decide censurar el contenido de Facebook por ley o decreto, Facebook acatará esa decisión.

Facebook tiene más de 400 millones de usuarios. El 70% de ellos están fuera de EE UU. "Tiene unos 1.000 empleados, cientos de millones de dólares en ingresos y su valor se estima en miles de millones de dólares", explicó Durbin. "No es que sea una pequeña empresa". En noviembre, el Gobierno de Vietnam bloqueó Facebook, en una operación de censura estatal que afectó a otras siete webs. Entonces Facebook pidió ayuda y mediación al Departamento de Estado. Esta semana, sin embargo, se ausentó de la vista oral, junto con Twitter.

Ambas empresas se han negado, además, a unirse a la Iniciativa Global en Red, creada en 2008 para combatir la censura online. Google, Microsoft y Yahoo se cuentan entre las empresas que la conforman. Según dijo Alexander Macgillivray, abogado de Twitter, en otra carta a Durbin: "Las políticas, procesos y cuotas de la Iniciativa Global son más aptos para compañías más grandes que tengan operaciones en las mencionadas regiones". En la misiva Twitter se presentaba como una firma pequeña (150 empleados) que no está lista aún para entrar en un debate sobre derechos humanos.

El pasado mes de julio, sin embargo, un hacker robó y difundió una serie de documentos internos de Twitter en los que la firma aseguraba que en 2010 esperaba tener 100 millones de usuarios y un volumen de negocios de 140 millones de dólares, cifras para nada comparables a las de una empresa pequeña. Además, el año pasado, tuvo una gran relevancia. Las revueltas contra el presidente reelegido en Irán, Mahmoud Ahmadinejad, fueron bautizadas por medios norteamericanos como La revolución de Twitter, por el uso de esa plataforma para convocar manifestaciones.

Es cierto que ni Twitter ni Facebook tienen oficinas es países en los que se practica censura a la red, como China o Irán. Pero si el régimen de turno no las bloquea, sus páginas se pueden visitar, en inglés, desde cualquier ordenador del mundo. La fundadora de Global Voices Online, una plataforma internacional de blogs, e investigadora en la Universidad de Princeton Rebecca McKinnon acusó en el martes en el Senado a esas empresas de no cumplir con sus responsabilidades sociales: "Parece que existe un miedo de reconocer que los derechos humanos son también parte de su negocio... Creo que muchas empresas no quieren ni siquiera entrar en ese debate por si la ciudadanía empieza a acusarles de algo".

Los senadores expresaron su preocupación por las prácticas de las páginas comerciales. La más representativa, Amazon, se ausentó también de la vista oral, alegando que "ni opera una red ni tiene un buscador en China". Aun así, cuando uno busca los términos Dalai Lama en chino en Amazon.cn lo que aparece es una sarta de biografías no autorizadas que retratan al líder espiritual como un villano o biografías de otro monje, Gyancain Norbu, elegido por Pekín como representante oficial del budismo tibetano.

Vinton Cerf, vicepresidente de Google, empresa que amagó con abandonar China tras plegarse a la censura.
Vinton Cerf, vicepresidente de Google, empresa que amagó con abandonar China tras plegarse a la censura.REUTERS

Desclasificado el plan de 'ciberseguridad'

Mientras el Senado debatía los límites que el respeto a los derechos humanos impone sobre los negocios en Internet, la Casa Blanca revelaba por primera vez detalles del plan clasificado del Ejecutivo para prevenir y responder a ciberataques. Lo redactó la Administración del ex presidente George Bush en 2008, y desde entonces se había mantenido en secreto.

El mes pasado, el Centro para la Privacidad de la Información Electrónica de Washington presentó una demanda para que se hiciera público su contenido. La Casa Blanca ha respondido publicando esta misma semana las 12 directrices en las que se sustenta. Titulado Iniciativa Nacional para una Ciberseguridad Comprensiva, es un plan de defensa online que recomienda un incremento de la colaboración y la transmisión de información entre las empresas de Internet radicadas en EE UU y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), encargada de operaciones de espionaje.

Precisamente, esa agencia ha asumido el liderazgo en la investigación del gran ataque cibernético que unas 20 empresas sufrieron el pasado mes de diciembre. Google reveló recientemente que comparte información corporativa con ella para ayudarla en ese cometido.

En el plan de ciberseguridad del Gobierno aparece también un nuevo actor: Einsten 3. Se trata de una nueva versión de un sistema de seguridad que detecta intrusiones de hackers en redes gubernamentales. "Tendrá la capacidad de detectar automáticamente y responder apropiadamente a las amenazas cibernéticas antes de que puedan atacar", dijo la Casa Blanca en un comunicado. A través de Einstein 3, la NSA ejecutará una inspección exhaustiva de las comunicaciones que se originen o que penetren en las redes del Gobierno federal, algo contra lo que ya se han manifestado diversas organizaciones de derechos civiles.

En ese mismo documento, el Gobierno admite que las prácticas de defensa online del país han sido, hasta la fecha, un fracaso: "El Gobierno de EE UU ha aplicado hasta ahora un enfoque tradicional al problema de la ciberseguridad, y esas medidas no han alcanzado el nivel de seguridad necesario". Por primera vez, el Gobierno quiere que las empresas privadas tengan un papel en ese ámbito y que colaboren, como ya hace Google, con las agencias de inteligencia.

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