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Decenas de españoles han 'comprado' niños en una red de adopción ilegal en Rumania

La organización funciona hace tres meses y cobra unos tres millones por adoptado

Javier Sampedro

Un número de teléfono de Bucarest circula de boca a oreja entre las parejas españolas que desean adoptar un niño. Si los interesados demuestran su solvencia, un par de viajes a la capital rumana son suficientes para volverse a casa en tres meses con un niño entre los brazos, pasaporte rumano incluido. Los adoptantes pueden elegir entre una amplia oferta cuyos precios, según edad y preferencias estéticas, oscila entre los dos y los cuatro millones de pesetas. El embajador español en Bucarest señala: "No son adopciones; se trata claramente de un tráfico ilegal de niños".

El caso ha sido denunciado a este diario por J. G. P. y F. R. S., de 37 y 36 años, una de las parejas de Madrid que inició los trámites pero decidió no consumarlos tras comprender su manifiesta ilegalidad. Los denunciantes aseguran que al menos 50 parejas españolas han adquirido ya niños rumanos por esta vía, y que varias decenas más están en pleno trámite.El embajador en Bucarest, Antonio Ortiz, confirmó ayer la existencia de ese tráfico infantil y subrayó su ilegalidad, ya que España y Rumania han firmado el Convenio de La Haya para la Protección de la Infancia, que establece criterios muy estrictos para las adopciones internacionales. "Pero desgraciadamente se están vendiendo niños en Bucarest" señala Ortiz; "es enormemnte preocupante".

Hace unos meses, J,. G. P. y F. R. S. decidieron adoptar un niño fuera de España -una práctica cada vez más frecuente debido a los desequilibrios demográficos- y se prepararon para afrontar los trámites, que suelen prolongarse varios años. Pero otra pareja en situación similar les persuadió para seguir un atajo: "En Rumania se puede conseguir en tres o cuatro meses", les aseguraron. "Os damos el teléfono".

Tal y como le dijeron, J. G. P. marcó el número de Bucarest y preguntó por una abogada llamada Eliana . La rumana, que hablaba español, le preguntó antes que nada quién le había dado el teléfono. J. G. P. se lo dijo. Una vez comprobado que ese nombre estaba en su lista de anteriores clientes, Eliana procedió al siguiente paso en el protocolo: "Debe mandarnos su nómina, un certificado de haberes y la escritura de sus propiedades". Así lo hizo el hombre.Unas semanas después, les llamaron para que viajaran a Bucarest. La organización rumana les alojó en una pequeña urbanización de apartamentos, a 16.000 pesetas cada noche, en la que había al menos otras tres parejas españolas. Les dieron un formulario para rellenar: niño o niña, de qué edad y otras preferencias. Durante los tres días que duró su estancia, una guía que hablaba castellano les enseñó la ciudad a cargo de la organización.

"Al día siguiente", cuenta J. G. P., "nos llevaron a una especie de orfanato. Coincidimos allí con otras dos parejas. Como habíamos pedido niña, nos enseñaron cuatro niñas para elegir, unas rubias, otras morenas, alguna de meses, otra de un año y medio". Según la elección, los encargados les señalaban los precios, que oscilaban entre dos y cuatro millones de pesetas.

En ese momento los adoptantes vuelven a España mientras la organización arregla los papeles del niño, según J. G. P. siempre en el mismo juzgado de Bucarest. Un par de semanas después, la pareja vuelve a la capital rumana con el dinero, forzosamente en metálico y en dólares.Pasaporte en regla

Una vez realizado el pago, la organización entrega el niño a la pareja, junto con un certificado de adopción expedido por el mencionado juzgado, una partida de nacimiento y un pasaporte rumano en regla. Los encargados aconsejan a las parejas que no acudan en ningún momento a la embajada española en Bucarest.

"En los últimos años", señala un documento de la Dirección General del Menor y la Familia, "han aumentado las prácticas de adopción contrarias a los derechos fundamentales del niño: presiones a los padres para el abandono de sus hijos, venta de niños, menores desaparecidos posteriormente adoptados... Es el tráfico de menores".Evitar estas prácticas es el objetivo del Convenio de La Haya para la Protección de la Infancia suscrito recientemente por 63 países, España y Rumania entre ellos. El convenio regula una exigente tramitación para las adopciones internacionales, que debe empezar siempre por la consejería de Asuntos Sociales de cada Comunidad Autónoma. Tras su aventura rumana, J. G. P. y F. R. S. han acabado eligiendo esta vía, lenta pero legal.

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