Echevarría abre la puerta en España a la programación legal de la propia muerte

La decisión de Inmaculada Echevarría ha sentado un precedente: es posible, en algunas circunstancias, programar legalmente la propia muerte. La clave está, según la mayoría de los expertos consultados, en una aplicación -extrema, si se quiere- de la Ley de Autonomía del Paciente de 2002. Esta norma indica que "toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado", y que éste podrá revocar cualquier permiso anterior. Con estos argumentos, Echevarría sólo tuvo que superar barreras burocráticas para que le retiraran el respirador.

Aunque el caso de Echevarría es excepcional -estaba consciente y sufría una enfermedad irreversible y sin cura a la que sólo sobrevivía con la ayuda de una máquina- muestra que la ley bien aplicada puede ayudar a una persona a decidir cuándo y cómo morir. Pero, según coincidieron ayer la ministra de Sanidad, Elena Salgado, portavoces de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, del Instituto Borja de Bioética y otros expertos independientes, lo que ha hecho ha sido, simplemente, pedir que se le aplique la ley, pero en ningún caso una eutanasia.

"Una vez que Inmaculada cambió su petición inicial [que le inyectaran algo que le hiciera morir] por la de la retirada del respirador, el caso estaba ganado", ha dicho un miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que la asesoró.

La presidenta de la Fundación Bioética, Dolores Espejo, discrepa: "En este caso no se trata de un tratamiento médico sino de una medida de soporte vital. Es evidente que la eliminación de una vida es un modo desproporcionado para tratar el dolor, cualquier otra dolencia, o una minusvalía. Tampoco el sufrimiento de una persona justifica su eliminación". Es el mismo argumento de otros grupos conservadores, como el Foro Español de la Familia. "Privar voluntariamente a una persona de alimentación o respiración que la mantienen en vida es abrir una puerta a la eutanasia", afirmaba en un comunicado.

Pero estas voces discrepantes son minoría. La mayoría insistió en que la ley ya preveía que un enfermo pudiera decidir sobre su vida. "No es eutanasia liberar a la persona del aparato que la mantiene artificialmente, si lo desea, para que la naturaleza siga su curso y actúe por sí misma, cuando el proceso de muerte ya es irreversible. Al desconectar a Inmaculada no se abre ninguna puerta a la eutanasia pues todo depende del uso que se haga y del alcance que se le otorgue", dijo la titular de la cátedra de bioética de la Unesco, María Dolores Vila-Coro.

Una encuesta del CIS elaborada en 2002 indica que un 57,6% de los médicos ha recibido peticiones para retirar tratamientos; el 19,5%, para acelerar la muerte, y el 7,8% ha recibido peticiones del enfermo de una dosis letal que le permitiera acabar con la vida. El 59,9% estaba de acuerdo con que se regulara la eutanasia.

Pero Sanidad no va a entrar en ese debate. De momento, su objetivo es desarrollar del plan de cuidados paliativos, que se acordó con las comunidades el miércoles. La promesa electoral del PSOE de discutir la eutanasia ha quedado aparcada.