España, el Quijote antinuclear

La primera semana de mayo, la ciudad tailandesa de Bangkok acogió a delegados de 130 países para revisar el informe de los científicos de la ONU sobre cómo mitigar el cambio climático. Palabra por palabra, los gobiernos escudriñaban el texto preparado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para hacerlo suyo. Cada línea era proyectada en una pantalla y los representantes intentaban inclinar la redacción hacia sus posiciones.

Según dos de los presentes, España ocupó un papel discreto hasta que llegó el turno de revisar la página 13 de las 24 del informe. "Según los costes relativos de otras opciones de suministro, la energía nuclear, que representaba el 16% del suministro de electricidad en el año 2005, puede tener un 18% del total del suministro de electricidad en el año 2030 [...], pero la seguridad, la proliferación de armas y los desechos continúan siendo obstáculos", decía el texto acordado.

La mención a la proliferación y los residuos ya era una concesión a los países antinucleares, ya que no figura en los borradores. Ahí España alzó la voz. "España se opuso radicalmente y se aferró a que la nuclear no es una opción, ni pequeña, contra el calentamiento", explicó a este diario uno de los presentes. Al empeño se sumó Austria, país que no tiene ninguna nuclear y que importa gran parte de la electricidad de Suiza.

La negociación no avanzaba y el presidente del IPCC, el indio Rajendra Pachauri, optó por indicar a Austria y España que podían expresar su disconformidad en un pie de página del informe. En el alambicado mecanismo del IPCC, ése es el último recurso. Asutria aceptó y España declinó en aras del consenso.

"¿Qué está pasando en España para destacarse en una cumbre internacional como el país más antinuclear?", se pregunta un veterano asistente a estas convenciones. Está pasando que, en contra del renacer nuclear en gran parte del mundo, el Gobierno español, o buena parte de él, se opone abiertamente a la opción nuclear. Y cree que eso es compatible con reducir las emisiones de efecto invernadero.

El propio Zapatero lo dejó claro en una entrevista en El País Semanal en julio de 2006, al hablar de sus convicciones: "Vamos a hacer un calendario de cierre de centrales. Esto va a generar mucha polémica porque la mayoría, estoy seguro, va a apostar por la energía nuclear. La energía nuclear es la respuesta sencilla. Yo, sin embargo, creo que hay que hacer crecer las energías alternativas".

El Gobierno socialista cerró la central de Zorita (Guadalajara) en abril de 2005 por una decisión de 2002 del Ejecutivo del PP. El calendario de cierre del que hablaba el presidente Zapatero aún no existe. Y la legislatura está agonizando. A pesar de sus mensajes antinucleares, la acción del Gobierno en este campo se basa en la inacción. En mayo de 2005, Zapatero anunció por sorpresa en el Congreso "una mesa de diálogo para establecer una aproximación a un horizonte temporal a un calendario de cierre de la energía nuclear en España".

En el PSOE no todos comparten las ideas antinucleares del presidente y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, Industria y Economía no lo ven tan claro. Industria convirtió la anunciada "mesa de diálogo sobre el cierre de la energía nuclear" en una "mesa sobre el futuro de la energía nuclear". No hay que ser House para darse cuenta de que no es lo mismo debatir sobre el cierre de algo que sobre su futuro. A la mesa acudieron administración, ecologistas, autonomías, empresarios, eléctricas y terminó sin conclusiones relevantes.

Después, Zapatero anunció que decidiría cómo cerrar las nucleares cuando tuviera en su mano el estudio Prospectiva energética 2030, una evolución a largo plazo sobre si es viable cerrar las nucleares, que está a punto de concluir y que previsiblemente tampoco entrará en detalles.

En los cuatro años que lleva gobernando el PSOE, la situación ha cambiado mucho: el petróleo ha pasado de 30 a 100 dólares -y no se vislumbra su techo- y el cambio climático causado por el consumo masivo de petróleo y carbón ahora marca la agenda política mundial y la campaña electoral.

Esto, unido a que el recuerdo de Chernóbil se difumina más de 20 años después, ha hecho que la energía nuclear, en letargo desde que en los ochenta se frenó la construcción masiva de centrales por los altos costes, haya vuelto al primer plano.

El Reino Unido, probablemente el país que con más decisión combate el cambio climático, se está planteando construir más centrales para reducir su dependencia del exterior y rebajar sus emisiones de gases de efecto invernadero; Estados Unidos alarga la vida de sus centrales de los 40 a 60 años y tiene en proyecto 30 reactores que se sumarían a los 103 que ya funcionan; Francia (59 reactores y un 80% de su electricidad de origen nuclear) exporta centrales y tecnología a China, Marruecos, Argelia, Libia, Túnez... En el mundo hay actualmente 435 reactores en funcionamiento, otros 30 en construcción (cinco en China y Rusia, siete en India, uno en Finlandia, dos en Ucrania, entre otros) y centenares en proyecto.

El debate sobre si es conveniente la energía nuclear es tan encarnizado como estéril. Estéril porque hay poderosos argumentos a favor y en contra, aunque los ecologistas no reconocerían lo primero y los empresarios lo segundo.

A favor: las centrales producen electricidad de forma constante, a un coste previsible. Aunque el precio del uranio se ha multiplicado por 12 desde 2002 (debido a este renacer), sigue siendo una parte muy pequeña del coste de la generación nuclear. No depende del exterior, por lo que no hay que estar pendiente de si Argelia corta un gasoducto o de si las tensiones en Turquía disparan el precio del gas. Y eso, en un país como España, que importa el 85% de su energía, es fundamental. Por último, no emiten CO2. En España, un mal año nuclear implica un aumento de emisiones. Desde el 1 de enero hasta el 28 de noviembre, la producción nuclear ha caído un 8,55% respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a que la producción hidroeléctrica ha aumentado un 22% y las renovables, un 11,79%, no compensan en emisiones de dióxido de carbono la bajada de la nuclear.

Por eso, Medio Ambiente estima que España acabará el año emitiendo un 49% más que en 1990 (muy lejos del 15% de aumento que fija el Protocolo de Kioto). Cuando en 2006, las emisiones en España bajaron cuatro puntos (cifra que Zapatero y el Gobierno recuerdan cada día, aunque no la provisional de 2007) se debió en parte a que 2005 fue un muy mal año nuclear (Vandellòs II estuvo más de seis meses parada, por un grave problema de seguridad) y en 2006 funcionaron a pleno rendimiento. Pero estos mismos aspectos demuestran las debilidades de la energía nuclear. De repente, una central puede estar medio año parada y no producir nada. Los residuos de las centrales son radiactivos durante miles de años. ¿Quién paga eso? El tratamiento durante los próximos 70 años está contemplado en la tarifa eléctrica y hasta hace dos años salía de todos los consumidores. Los pronucleares suelen argumentar que las energías renovables están muy subvencionadas, pero es difícil encontrar mayor subvención que ésa: que el Estado se haga cargo con fondos públicos de tus residuos que, por otra parte, nadie sabe qué hacer con ellos ni cuánto costará. Además la construcción de las plantas siempre se dispara de pcoste y es casi imposible hacerlas sin apoyo público. Aun así, hay más o menos consenso en que a medio plazo la energía nuclear es más barata que el petróleo, el gas o las renovables.

Luego está la seguridad, exterior e interior. Aunque en teoría las centrales están diseñadas para soportar un atentado con avión, nadie lo ha probado. Tras el 11-S, España modificó las rutas del puente aéreo siguiendo las recomendaciones de Estados Unidos porque los aviones sobrevolaban la central de Zorita y la de Trillo (Guadalajara). Además, existe la probabilidad de un accidente, cuyas consecuencias serían tan desastrosas que la Ley de Responsabilidad Ambiental exonera a las eléctricas de tener un seguro por todos los daños que pudieran causar y los limita a 700 millones, que los seguros en España no quieren cubrir.

Finalmente, está la geopolítica: Marruecos ya tiene proyectos. Al riesgo de accidentes y atentados se suma la posible carrera de proliferación armamentística. Las nucleares, además, producen electricidad pero no suplen la gasolina de los coches.

Con todos estos argumentos, cada país tiene que elegir. Economistas, empresarios, el secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, y muchos expertos empiezan a alzar la voz pidiendo más centrales en España o por lo menos que se alargue la vida de las existentes. Destacados socialistas de la vieja guardia como Felipe González, Joaquín Almunia (los dos predecesores de Zapatero), Luis Atienza, Carlos Solchaga o Claudio Aranzadi.

Sin embargo, el Gobierno parece firme en la posición contraria. El borrador del programa electoral del PSOE en medio ambiente se opone a la energía nuclear. El texto anuncia "el cierre de la central nuclear de Garoña en 2009" y el apagó "de las restantes a los 40 años de funcionamiento", que se producirá progresivamente hasta 2028. ¿Y cómo suplir las centrales que ahora funcionan? ¿O cómo cubrir el aumento de la demanda sin nuevas nucleares? El sector nuclear asegura que de aquí a 2030 España necesita 10 nuevas centrales. En cambio, el Gobierno apuesta por triplicar en 20 años la capacidad eólica instalada, llegando hasta los 40.000 megavatios (hoy hay 13.000) y construir 5.000 más en el mar, donde aún no hay ninguno y que generan mucho rechazo social.

El viento, que hace 10 años era marginal, aporta hoy el 10% de la electricidad y en momentos muy por encima de esa cifra. El 19 de marzo pasado, a las 17.40, la eólica generó el 27% de la electricidad. Pero en olas de frío o de calor, cuando es más necesario, muchos molinos están parados, ya que esas situaciones suelen coincidir con un anticiclón. Un molino de viento funciona una de cada cuatro horas del día. Y se debe instalar potencia convencional (gas, carbón) de reserva por si está parado.

Zapatero insiste en que es antinuclear por convicción y tiene el apoyo de la calle. Una macroencuesta del CIS del pasado junio refleja que el 74,3% prefiere disminuir la energía nuclear, y sólo el 6,9% aumentarla.

España parece haber elegido más energías renovables caras, menos nuclear barata, menos carbón contaminante, menos petróleo inasequible, más electricidad importada de Francia y aun así reducir drásticamente las emisiones de CO2. El Gobierno considera que puede luchar contra el cambio climático sin medidas impopulares. Cuando en julio de 2004 Narbona dijo que habría que subir la luz para pagar la factura de Kioto, La Moncloa la desmintió; cuando un proyecto de Medio Ambiente dijo que para reducir las emisiones de efecto invernadero España tendría que reducir el consumo de energía, el texto fue cambiado para decir que se moderaría el aumento; cuando Industria pidió subir la electricidad un 10%, La Moncloa lo paró; cuando se supo que el programa electoral del PSOE para las municipales planteaba el peaje en las grandes ciudades, fue tachado y desmentido sobre la marcha; el ecocéntimo ha sido nonato pese a tener un respaldo importante. El Gobierno conjuga planes para llevar autovías a todos los rincones con discursos que fomentan el transporte público. Y el cierre nuclear con la lucha contra el cambio climático. Veremos.