El Estado aplicará el 'decomiso exprés' a los traficantes de mujeres

El plan contra la trata de seres humanos para su explotación sexual que hoy prevé aprobar el Consejo de Ministros obligará a reformar varias leyes, trasponer directivas y modificar códigos. Todo ello para tratar de desmantelar las mafias que trafican con mujeres y niñas -sobre todo- y contar con la colaboración de las víctimas contra sus proxenetas a cambio de su protección e integración sociolaboral.

El estrangulamiento económico de las redes que trafican con personas para su explotación sexual está considerado una medida eficaz. Por esa razón, se ha incluido en el plan una modificación del Código Penal para extender el decomiso exprés a los delitos de trata, algo que sólo se aplica por ahora en casos de droga y contrabando. Las autoridades competentes podrán hacerse con todo el patrimonio de estos delincuentes al iniciarse el proceso, aunque sólo tras una sentencia condenatoria pasarían a subasta. Los beneficios irían a un fondo para la lucha contra estos delitos, igual que el creado con dinero de los narcotraficantes.

El proyecto está dotado con 44 millones y durará tres años

Se modificará, además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que las mujeres obligadas a ejercer la prostitución puedan declarar contra sus captores en la fase de instrucción sin necesidad de repetirlo en el juicio. Es lo que se llama prueba anticipada, y permitirá una declaración rápida que impida a la víctima tener que vérselas otra vez con su agresor en el juicio o desdecirse, algo que ocurre por las presiones a las que son sometidas.

El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye la transposición de una directiva europea de 2004 en la que se contempla que las víctimas de la trata de seres humanos puedan obtener su permiso de residencia si colaboran con las autoridades. Las que no lo hacían de inmediato eran expulsadas. Ahora tendrán 30 días, con alojamiento, protección, recursos y asistencia médica y psicológica, para decidir si denuncian a los traficantes. Las organizaciones que trabajan con ellas consideran este tiempo imprescindible para que pierdan el miedo a los mafiosos y sean conscientes de sus derechos.

Por todo ello, el plan establece también asistencia letrada gratuita e inmediata, así como en su idioma, a estas víctimas. Para ello habrá que reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la de Derechos y Libertades de los Extranjeros.

Se pretende agilizar todos los procedimientos de documentación necesarios, en cooperación con los países de origen. Se proporcionarán mecanismos para la protección de los familiares en sus países, puesto que las amenazas de los agresores sobre ellos paraliza a las víctimas.

Este plan contará con una memoria económica de un montante superior a los 44 millones de euros, y su vigencia es de tres años. Entrará en vigor el 1 de enero de 2009. Un grupo interministerial (Exteriores, Interior, Trabajo e Inmigración, Justicia, Educación y Políticas Sociales e Igualdad; este último ha coordinado la última fase del plan), las comunidades autónomas y las diversas organizaciones e instituciones que trabajan con estas mujeres conformarán un foro contra la trata, desde donde se revisará el funcionamiento del plan y se aportarán sugerencias.

El documento diferencia la trata de seres humanos para su explotación sexual del tráfico ilegal de inmigrantes por tres características: el consentimiento (que suele darse en el caso de los inmigrantes ilegales a pesar de las penosas condiciones en que llegan, mientras que las mujeres dedicadas a la prostitución suelen viajar mediante coacción, engaño o abuso); la explotación (el tráfico ilegal finaliza con la llegada al destino, mientras que las condiciones de explotación siguen); y la transnacionalidad, que cuando se trata de prostitución no siempre supone un tráfico entre países, sino en el mismo territorio, en ocasiones.

Además, el texto que hoy se verá en el Consejo de Ministros califica la trata de seres humanos con fines de explotación sexual como una "clara expresión de violencia de género" por cuanto afecta mayoritariamente a las mujeres y niñas fruto, en muchos casos, de la feminización de la pobreza en sus países de origen (discriminación, división sexual del trabajo, falta de educación o desempleo).

Entre los objetivos de este plan, que previsiblemente pasará por el Parlamento sin muchas pegas, está el de concienciar a la población del sufrimiento de estas víctimas, que se prostituyen de forma obligada y en condiciones de explotación absoluta, a veces de secuestro. Alrededor de la prostitución, y más cuando se trata de mafias organizadas, no hay muchos datos, pero la policía estima que el 90% de las mujeres que se prostituyen en España son extranjeras, y, de ellas, la mayoría traficadas.

El plan integral contempla campañas de sensibilización, impulsar la conmemoración del día 18 de octubre como día internacional contra la trata de personas y promover el control de los anuncios de contactos en los medios de comunicación. Se harán campañas de información dirigidas a sectores concretos, como el turístico, empresas de viaje y organizadores de grandes eventos. Trabajo e Interior inspeccionarán de forma conjunta los lugares de riesgo potencial de trata de seres humanos.