La Nena defiende el matrimonio gitano en Estrasburgo

María Luisa Muñoz Díaz, 'La Nena', viuda desde 2000, madre de seis hijos, regente de un puesto de flores en Madrid y gitana deberá seguir esperando para cobrar al pensión de viudedad que el Estado le niega por no reconocer un matrimonio contraído por el rito gitano en 1971, cuando ella tenía 15 años. Serán hasta seis meses más de incertidumbre mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide si la demanda de La Nena es admisible. Y aunque lo fuera no hay garantía de que el resultado final sea el deseado por ella. Pero María Luisa es optimista: "Los he visto serios, pero me han sonreído al pasar. Vamos a ganar", ha dicho tras su declaración ante el Tribunal de Estrasburgo. Y su abogado, Sebastián Sánchez Lorente, también: "Estamos satisfechos por cómo ha transcurrido todo y yo diría que las preguntas iban encaminadas a sostener nuestra argumentación".

En las dos horas que ha durado la vista, la defensa y los representantes del Estado han cruzado sus argumentos, con el abogado del Estado, Ignacio Blasco, esgrimiendo la letra de la ley y los de la defensa escudándose en el espíritu.

La cuestión es que la solicitud de pensión de viudedad reclamada por Muñoz Díaz como compensación por los 19 años de cotización de su marido, el albañil Mariano Dual, fue rechazada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social tras comprobar que el matrimonio gitano Dual Muñoz no había sido inscrito en el Registro Civil. Diversos vaivenes judiciales posteriores, positivos y negativos, han terminado ante la Sección Tercera del tribunal de Estrasburgo, donde la Fundación Secretariado Gitano y la Unión Romaní buscan la jurisprudencia de la que se puedan beneficiar millones de gitanos europeos. Un hipotético fallo positivo obligaría al Estado a entregar del orden de 60.000 euros a Muñoz Díaz, que ya tiene pensado qué hacer con ellos: "Pagaré mi casita y ayudaré a mis niños".

El Estado mantiene que sólo tienen derecho a la pensión los cónyuges del fallecido, lo que no es el caso de Muñoz Díaz dado que su matrimonio étnico no es reconocido como matrimonio propiamente dicho. "Pero nosotros entendemos y defendemos que hay que aplicar el espíritu de la ley", insiste el letrado Sánchez Lorente. "En 1971 la única forma que ella conocía de matrimonio era el matrimonio gitano y pedimos que se equipare con algunas excepciones que ya se han aplicado en España, como los que se casan por el rito canónico y luego no inscriben el matrimonio en el Registro Civil".

"Quizá el de María Luisa no sea un matrimonio, pero tampoco puede ser tratado como una pareja de hecho porque el registro de las parejas de hecho sólo existe desde 2007", alega el defensor. "Ella siempre se consideró casada y se la está discriminando por no tener en cuenta las peculiaridades propias de la etnia gitana".

Aunque la defensa invoca, entre otros, el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación, Sánchez Lorente considera que "el caso es complicado jurídicamente porque si se aplica literalmente la letra de la ley es evidente que el matrimonio de María Luisa no está inscrito". El Reino de España rechaza la tesis de la discriminación dado que la ley no dice que los gitanos no puedan casarse por lo civil.

Sánchez Lorente enraíza el caso en la ignorancia de su defendida en 1971: "Los jóvenes gitanos de hoy si saben que el matrimonio gitano no tiene efectos civiles, por eso se casan dos veces. Pero María Luisa, con 15 años, no lo sabía".

Si el Tribunal de Estrasburgo considerase que la demanda no es admisible, la causa volvería a España, donde el Tribunal Constitucional ya desestimó en 2007 la petición de Muñoz Díaz. Caso cerrado.