Europa multará a los países que no logren reducir la emisión de CO2

En el intenso pulso entre economía y ecología, el Parlamento Europeo optó ayer decididamente por las políticas verdes y por el principio de que el que calienta el planeta debe pagar por ello. La Comisión de Medio Ambiente aprobó por amplia mayoría el fin de la gratuidad de los derechos de emisión de las eléctricas (se les permite emitir una cantidad de gases de efecto invernadero sin tener que compensar a cambio) a partir de 2013. Este sector será el primero que deberá conseguirlos en régimen de subasta. Hasta 2020, el resto del sistema productivo irá entrando gradualmente en el mismo procedimiento. La única salvedad es que se permitirá un mínimo libre de pago del 15%. Los países que exceden las cuotas asignadas de emisión de gases serán multados a razón de 100 euros por tonelada de CO2 de exceso.

La UE parece dispuesta a seguir siendo la referencia mundial en la lucha contra el cambio climático y la comisión del ramo en la Eurocámara decidió también que si hay un acuerdo internacional para alcanzar el 20% de reducción de gases nocivos para 2020, la Unión se aplicará a sí misma estrategias para llegar hasta el 30% en esa fecha.

"El clima económico ha ido de mal en peor, pero el más grave reto al que nos enfrentamos es el cambio climático y no se puede esperar a que haya liquidez en los bancos o que aumente el producto interior bruto", declaró ayer Avril Doyle, la conservadora irlandesa que ha sacado adelante el plan, en grandes líneas el mismo de la Comisión Europea.

Enfrente se encontró con la oposición de casi todo su grupo político, el Partido Popular Europeo, y de numerosos representantes de la industria, que alertan sobre incrementos de costes, deslocalizaciones y desempleo.

Doyle se guardó de hacer manifestaciones agresivas, como la de un portavoz de la organización ecologista World Wildlife Fund (en España, WWF/Adena), que habló de "bofetada a todas las fuerzas que quieren debilitar la política de energía y clima de la UE". El trámite institucional no está concluido, y ahora Doyle deberá convencer a los Gobiernos de los Veintisiete de la necesidad de las medidas adoptadas en comisión.

Idealmente, se trata de que el paquete sea convertido en política oficial en el pleno de diciembre de la Eurocámara. "Estaremos pendientes de los países que tengan problemas", señaló Doyle, pensando en los de la ampliación, con sectores productivos aún alejados de las exigencias de limpieza. "Habrá flexibilidad para todos los países que lo necesiten".