La Fiscalía revisa a la baja las acusaciones por abortos a Morín

La nueva ley del aborto que entra en vigor el 4 de julio obligará a revisar a la baja la causa judicial que tramita desde hace tres años un juzgado de Barcelona contra las clínicas del doctor Carlos Morín, donde se llegaron a practicar interrupciones del embarazo a las 30 semanas. El nuevo texto establece el aborto libre hasta las 14 semanas y despenaliza una conducta que ahora se considera delito. Como el Código Penal es el único que puede aplicarse con carácter retroactivo si beneficia al acusado, algunos de estos podrán ser exculpados.

La ley antigua, aún vigente, permite la interrupción del embarazo en ese plazo inicial si, entre otros supuestos, existe un riesgo para la salud física o mental de la madre. Pero ese riesgo lo ha de certificar un psiquiatra o un psicólogo. Y eso es lo que, según las acusaciones, no ocurrió con decenas de pacientes de las clínicas de Morín, que abortaron sin pasar por el psicólogo, según declararon las mujeres ante la Guardia Civil y en el juzgado.

Unos 50 de los 167 expedientes serán legales, según el letrado del médico

Las diligencias judiciales contienen un anexo documental en el que constan las historias clínicas de 167 mujeres. Parte de esos expedientes -alrededor de 50, según Francesc Campà, abogado de Morín- corresponden a abortos realizados antes de las 14 semanas sin justificación de un psiquiatra o un psicólogo, algo que en julio será perfectamente legal. La fiscalía de Barcelona ya ha empezado a revisar las actuaciones judiciales para estudiar la posibilidad de exculpación de alguno de los 13 imputados. "Habrá que ir caso por caso, porque los supuestos son distintos, y actuar en consecuencia", aseguran fuentes del Ministerio Público.

Entre los acusados figuran, además de Morín, su esposa, enfermeras y diversos profesionales de la clínica. Se les imputa, aparte del delito de aborto ilegal, otro de falsedad documental, asociación ilícita e intrusismo profesional.

Morín está actualmente jubilado y su abogado afirma que vive de una exigua pensión. Era el administrador de dos clínicas y de un consultorio de orientación sexual que operaban bajo la denominación de Ginemedex-TCB.

Los tres centros tuvieron que cerrar tras la investigación judicial iniciada en el mes de julio de 2007, a raíz de una querella presentada por el grupo católico conservador E-Cristians, liderado por Josep Miró Ardèvol, ex consejero de Agricultura de la Generalitat con Jordi Pujol. La Guardia Civil requisó en sus instalaciones los 2.780 historiales médicos de las mujeres que abortaron en 2007 en aquellas clínicas. Morín, su esposa y otra mujer, ambas enfermeras, pasaron un mes en prisión preventiva hasta que la Audiencia de Barcelona ordenó su puesta en libertad y recriminó a la juez instructora el encarcelamiento por considerarla injustificada.

La investigación judicial reveló que en las clínicas de Morín se practicaron abortos hasta las 30 semanas de embarazo. En algunos casos, el avanzado estado de gestación se explicaba por el tiempo que tuvieron que esperar las mujeres hasta acabar en esos centros tras peregrinar por varias comunidades autónomas sin que se les permitiera interrumpir el embarazo.

La causa judicial reveló, además, un acoso judicial a las mujeres que abortaron y que tuvieron que declarar como imputadas ante la Guardia Civil y el juzgado de instrucción.

El caso Morín, junto al de la clínica Isadora de Madrid (por otros motivos) sirvieron de acicate y revelaron la deficiente ley del aborto vigente en España, que no se había modificado en 25 años.