Francia penará con un año de cárcel a quien imponga el 'burka'
Tras casi un año de intenso debate y en línea con la ley adoptada ayer por Bélgica, Francia se dispone a aprobar un texto que prohibirá el burka en todos los espacios públicos. No sólo sancionará su uso con multas de hasta 150 euros -según el texto difundido por el diario Le Figaro-, sino que castigará severamente a quien lo imponga con hasta 15.000 euros y un año de cárcel por atentar contra la dignidad humana. El texto pasará primero por el Consejo de Estado, órgano consultivo que ya manifestó sus recelos legales sobre la prohibición total del velo integral -puede chocar con la autonomía de la mujer, dijo-. Será examinado en Consejo de Ministros el 19 de mayo y sometido a la votación del Parlamento en julio.
El veto se extiende a cualquier "prenda destinada a disimular el rostro", es decir, niqab y burka, que oficialmente visten algo menos de 2.000 mujeres en Francia. "Hemos decidido penas ligeras, porque estas mujeres son a menudo víctimas", explicó al diario uno de los redactores del proyecto. Una multa más ligera también ha sido juzgada como más fácil de aplicar.
La sanción está muy por encima de la aprobada por Bélgica -hasta 25 euros de multa y un máximo de siete días de reclusión-, pero muy por debajo del proyecto de ley presentado por el presidente del grupo gubernamental (la Unión por un Movimiento Popular) en la Asamblea Nacional, Jean-François Copé, que ascendía a 750 euros. También incluye un "cursillo de ciudadanía" como "pena alternativa o complementaria". La opción quedaría a juicio de la policía. "Esta ley no está redactada para proteger a la sociedad francesa del islamismo, sino a las mujeres y sus derechos", asegura otra fuente a Le Figaro.
Desde que el presidente Nicolas Sarkozy declarara en junio que el "burka no es bienvenido en el territorio francés", el país no ha cesado de interrogarse sobre la conveniencia de legislar su uso. Con este enfoque, considerando como víctimas de una imposición machista a las mujeres con velo integral y evocando el principio de dignidad, el Gobierno evita cualquier alusión a la religión y el principio de laicidad.
La ley debería ser aprobada a mediados de julio, pero cabe la posibilidad de que sea vetada por el Consejo Constitucional, por la dificultad de justificar una prohibición en todo el espacio público. Para eso debe presentar la demanda algún grupo parlamentario, y ninguno parece decidido a hacerlo. El texto no entrará en vigor de inmediato: habrá seis meses de pedagogía.
