Galicia convertirá al profesorado en "autoridad pública"

Los profesores tendrán en Galicia tratamiento de autoridad pública, los centros podrán regular la vestimenta de los chavales, las sanciones a los alumnos se harán efectivas en tres semanas, el tratamiento al acoso escolar estará regulado y los padres podrán elegir por votación aspectos de la formación de sus hijos. Son algunas características que tendrá en el futuro la educación en Galicia, cuando se apruebe la Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad Educativa, cuyo anteproyecto fue presentado ayer por el consejero Jesús Vázquez.

Al dar al profesorado rango de autoridad pública, tendrán presunción de veracidad ante un conflicto. También se refuerza su protección jurídica y se les permite requisar a los alumnos sustancias peligrosas o artefactos que puedan alterar la convivencia en las aulas. Drogas y teléfonos móviles son dos ejemplos.

La norma busca que en el día a día de los centros escolares "no existan conflictos y que el profesorado pueda desarrollar su tarea en un clima más cordial", según apuntó Vázquez. Se trata de "crear y reforzar" los instrumentos jurídicos que "permitan mantener la convivencia a través de la restauración de ciertos valores y comportamientos y dignificar la profesión docente".

Es un proyecto de ley que se basa en algunos preceptos que ya han incluido comunidades autónomas como Madrid o Valencia y que están en línea con los que preparan otras como La Rioja o Extremadura. Incorpora una "novedad vanguardista", según el consejero: la regulación por ley del tratamiento del acoso y el ciberacoso escolar. Los docentes deberán adoptar "decisiones disciplinarias, colaborar activamente" en estos casos e "informar a los padres".

Las sanciones para los alumnos se agilizan. Antes tardaban en resolverse casi dos meses, pero ahora todos los procesos podrán consumarse en 22 días, incluidas las alegaciones. En función de la gravedad de la conducta del alumno, podrá ser expulsado hasta dos semanas e incluso trasladado a otro centro. Es algo que ya se podía hacer, pero que recibirá con la aprobación de la norma un respaldo legal más completo del que tenía.

Lo mismo sucede con la regulación de la vestimenta. Los colegios e institutos ya pueden, por ejemplo, prohibir las gorras o los velos, si así lo aprueban sus consejos escolares. La novedad es que establece unas pautas a seguir que darán un respaldo legal a los centros si desean restringir determinados atuendos. También pueden instaurar la obligatoriedad del uniforme.