El Gobierno andaluz avala que se retire el respirador a la enferma que pide morir

El deseo hecho público en octubre por Inmaculada Echevarría, la mujer con distrofia muscular progresiva que pide la desconexión del respirador que la mantiene viva en un hospital de Granada, está más cerca de cumplirse. El Comité Autonómico de Ética de la Junta de Andalucía considera que lo que la enferma solicita es una limitación del esfuerzo terapéutico, un derecho reconocido en la ley española de Autonomía del Paciente. Para dar mayor seguridad jurídica a su resolución, la Junta ha solicitado ahora un informe al Consejo Consultivo andaluz, máximo órgano de consulta autonómico.

Inmaculada Echevarría formuló la solicitud de retirada del respirador el 20 de noviembre. Ese día envío su petición a la Delegación de Salud en Granada y al hospital San Rafael, en el que vive desde hace nueve años conectada a un respirador. Los médicos que le atienden pidieron un informe al comité ético del centro, pero éste, dada la excepcionalidad del caso, derivó la solicitud al Comité Autonómico de Ética e Investigación Sanitaria, un órgano compuesto por 25 personas, de las que 20 son profesionales de diversas materias como el derecho, la bioética y la psicología.

El dictamen emitido por el comité ha sido aprobado con el voto a favor de todos sus miembros, incluido un jesuita. Este órgano entiende que la solicitud de Echevarría "puede encuadrarse" en lo que se considera "un rechazo del tratamiento", es decir, que es un caso de limitación de esfuerzo terapéutico. El comité, no obstante, enumera ocho condiciones que deben garantizar los médicos que le atienden para asegurar que han cumplido con todas sus obligaciones éticas antes de retirar el respirador.

Estas garantías son: haber comunicado a la enferma su valoración técnica sobre el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad que sufre y sobre la función de la ventilación mecánica; que le hayan expresado su opinión profesional sobre los beneficios que puede proporcionarle este tratamiento; que se hayan asegurado de que la decisión de la paciente "es expresión real de su autonomía", lo que, según el comité, exige asegurarse "con un grado de convicción razonable" de que la paciente toma su decisión "de manera voluntaria, libre de coacciones y manipulaciones por parte de terceras personas".

El informe (cuya resolución ya se ha comunicado al hospital, a la enferma y a la asociación Derecho a Morir Dignamente, que apoya y asesora a Echevarría), pide también que los médicos garanticen que a la paciente se le ha proporcionado información detallada "reiterada y clara" sobre las consecuencias de la decisión que está tomando, "incluyendo la alta probabilidad de fallecimiento"; que exploren con ella todas las alternativas posibles a la retirada del respirador; que "extremen la oferta de cuidados paliativos de calidad"; que evalúen explícitamente su capacidad de obrar de hecho para tomar esta decisión; y que aseguren "la perdurabilidad y estabilidad de la decisión mediante un tiempo razonable de espera antes de tomar la decisión final".

Si se cumplen estas condiciones, según el comité, "no se ven actualmente razones éticas que impidan a los profesionales cumplir la petición de suspensión de la ventilación mecánica". Para avalar que en el caso de Echevarría se dan estas garantías, el equipo que le atiende cuenta ya con una evaluación hecha por psicólogos y psiquiatras del hospital después de que la enferma registrara su petición. El estudio concluyó que Echevarría no sufría depresión ni ninguna otra patología mental.

El dictamen del comité ético se detiene también en las condiciones en las que habría que llevar a cabo la desconexión. Según los expertos, los médicos tendrían que garantizar que ésta se realiza con el menor sufrimiento posible para la enferma y que se siguen los protocolos de sedación paliativa en casos de enfermos irreversibles. Es decir, antes de desconectar la ventilación mecánica, los médicos deben sedar a Echevarría.

Respaldo jurídico

El mayor temor del personal sanitario y de la Junta de Andalucía es que, una vez que se acceda a la petición, alguien pueda llevar el caso a los tribunales. De ahí que los responsables de dar el visto bueno estén buscando todo el respaldo jurídico para sustentar su decisión. Antes de emitir su dictamen, el comité de ética ya contó con el apoyo de otro informe pedido por la Junta a un despacho de abogados, que también concluyó que la desconexión del respirador es un caso de limitación de esfuerzo terapéutico y que la ley lo recoge como un derecho del paciente.

Además de este informe, las autoridades sanitarias andaluzas quieren conocer la opinión del Consejo Consultivo de la comunidad, al que han pedido que estudie la resolución del comité de ética y emita su dictamen. El hospital de San Rafael donde está ingresada la enferma pertenece a la orden de San Juan de Dios, pero está adscrito al Servicio Andaluz de Salud. Si el centro rechaza la petición, podrán cumplirla los médicos del hospital público.