El Gobierno anuncia medidas legales para proteger la intimidad de las mujeres que aborten

El Gobierno considera que hay "disfunciones" a la hora de garantizar que todas las mujeres puedan disfrutar del derecho a interrumpir el embarazo dentro de los términos establecidos por la ley en cualquier comunidad autónoma. Para subsanar estas deficiencias y para asegurar el derecho a la intimidad de los pacientes frente a injerencias administrativas (por ejemplo, inspecciones de los Gobiernos autonómicos), prepara una norma común que, probablemente en forma de decreto, establezca "un marco básico que asegure la equidad, calidad, respeto y derecho a la intimidad" en estas intervenciones médicas.

Dentro de las competencias del Estado (las decisiones sobre Sanidad pública están transferidas a las comunidades autónomas), el Ejecutivo cree "conveniente regular los requisitos jurídicos que deben establecerse cuando la interrupción del embarazo se realice en clínicas privadas".

Según ha explicado hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se busca garantizar el derecho a la confidencialidad de las historias clínicas de los pacientes, así como fijar los mecanismos administrativos de actuación para la guardia y custoria de éstas, estableciendo un marco con mayores garantías que las actuales.

En este sentido, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos para instarle a que fije los límites de las actuaciones administrativas a la hora de realizar inspecciones sobre este tema, para poder así garantizar la confidencialidad de las historias clínicas de los pacientes.

"Tendremos ocasión para mejorar la ley [del aborto] si tras un amplio debate social llegamos a la conclusión de que hay que hacerlo", ha dicho De la Vega; entre tanto, el compromiso del Gobierno pasa por "garantizar ese derecho de todos".