El Gobierno deja a los centros la decisión sobre el crucifijo

El Gobierno no va a intervenir en "la guerra de los crucifijos". Lo dejó ayer claro la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, quien dijo que deben ser los colegios públicos, a petición de sus consejos escolares, quienes "tomen la iniciativa" de retirar o no los símbolos religiosos de sus aulas, en lugar de la Administración, puesto que son "los que mejor conocen qué tipo de alumnos tienen y qué piensan los padres". "Muchas veces, establecer normas generales de carácter obligatorio, en lugar de resolver problemas, lo que hace es crearlos", arguyó. Sin embargo, las sentencias judiciales sobre la materia, la última el pasado sábado en un juzgado de Valladolid, proclaman lo contrario. También lo sostuvo en 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que expresamente negó esa competencia a los consejos escolares.

El primer episodio de la guerra de símbolos religiosos se produjo en 1977

La posición de Cabrera deja abierto un conflicto que tiene más años que la Constitución española, de diciembre de 1978. Diez meses antes, el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, católico, fue víctima de una agria campaña por ordenar la retirada del crucifijo colocado en su despacho por el primer presidente de las Cortes de la dictadura, el también católico Esteban Bilbao.

Fue el primer episodio de la bautizada entonces como "guerra de los crucifijos", con escaramuzas que arreciaron a partir de la aprobación en 1985 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) por el primer Gobierno de Felipe González. También hubo execraciones eclesiásticas cuando en 1981 el director de Radio Nacional, Eduardo Sotillos, suprimió en la emisora estatal el rezo del ángelus al mediodía.

Ayer, la ministra sostuvo que la sentencia que obliga a retirar un crucifijo de un colegio público de Valladolid esta respaldada "por la misma Constitución, que dicta el carácter aconfesional del Estado". Y descartó que el Gobierno vaya a tomar cartas en el asunto, como han pedido los partidos de izquierda, incluido el PSOE.

Cuando este debate se suscitó por la presencia del crucifijo y la Biblia católica en la toma de posesión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de todos sus ministros, hace apenas medio año, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, expuso el criterio de su Iglesia. "El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España. Siempre hay minorías que se ofenden por todo, pero la presencia del crucifijo es masiva en todos los pueblos, así que o se destruye España para quitarlos, o cierran los ojos", dijo.

Tanto los partidarios como los detractores de la sentencia de Valladolid echan mano de la Constitución para reforzar sus argumentos. El PSOE recuerda el carácter aconfesional del Estado, y el PP reconoce que la Constitución proclama esa aconfesionalidad, pero que la católica es la religión preponderante en España, por lo que "a la inmensa mayoría de los españoles" no le molesta que el crucifijo esté en las aulas. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, recomendó a la Junta de Castilla y León que "tome buena nota" de la sentencia, "proceda a su cumplimiento" y "no pretenda lavarse las manos". Lo mismo pidió el vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Ambos reclaman al Ejecutivo autónomo lo que elude el Gobierno central.

Entre las asociaciones de padres, la CEAPA se expresó contra cualquier símbolo religioso, aunque reconoce la autonomía de los consejos escolares para tomar la decisión. La Federación de Directores de Institutos Públicos (FEDADi) y el sindicato STES también se manifiestan contrarios a los símbolos religiosos en los centros. La confederación católica CONCAPA opina, en cambio, que esta nueva decisión judicial se enmarca en "una política de ataque rabiosamente laicista contra los símbolos religiosos".

El diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) Joan Herrera pidió incluso la retirada de los crucifijos de las escuelas concertadas "por contar con financiación pública". El director general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, tachó esa propuesta de "disparate" y "anticonstitucional". Pidió al diputado catalán que "estudie la Constitución" porque en lugar de promover la tolerancia para los demás, la está encrespando. "Entiendo que un colegio público no tiene obligación de exponer unos crucifijos en las aulas, pero cuando se habla de extender esto a la escuela concertada, realmente se demuestra que han perdido el norte", concluyó.

El coordinador de la comisión que gestiona IU hasta la elección del nuevo coordinador general, Cayo Lara, lamentó que se "resuelva" con una sentencia lo que establece la Constitución. "Es una cuestión que debería haber sido adoptada por el Gobierno de España y por los Gobiernos autónomos. Los crucifijos y los santos tienen que estar en las iglesias por respeto a los creyentes, a los católicos y a los cristianos, y de otras religiones en otros casos", dijo.