El Gobierno flexibiliza la Ley de Igualdad para limar la oposición de los empresarios

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley orgánica de igualdad entre mujeres y hombres, con leves modificaciones que “flexibilizan” la medida para limar la oposición de los empresarios, según ha informado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Caldera ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión que “la mayoría” de las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social “quedarán incorporadas” al proyecto de ley.

El Consejo de Estado dio ayer el visto bueno al anteproyecto, avalando sus medidas “innovadoras y ambiciosas” en pro de la igualdad. El texto establece un abanico de medida que van desde la paridad electoral (ningún sexo menos del 40% de las candidaturas) hasta la creación de un permiso de paternidad de ocho días exclusivo para los hombres, pasando por la obligación de negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 empleados o el fomento de la presencia femenina en los consejos de administración.

Es precisamente este último punto el que más oposición ha suscitado entre los empresarios. La patronal CEOE cree que esta medida va “contra los criterios de eficiencia y equidad”. El Consejo Económico y Social —formado por patronal, sindicatos y consumidores— también ha mostrado su disconformidad.

El texto original preveía que las empresas con más de 50 trabajadores debían “procurar incluir” en su consejo de administración un 10% anual de mujeres hasta alcanzar el 40% en cuatro años. A cambio, podrían obtener ventajas en las adjudicaciones públicas cuando compitieran con compañías con una oferta similar pero con menor nivel de igualdad. A la postre, el Gobierno ha mantenido su objetivo de llegar al 40% de consejeras, pero ha ampliado el plazo para alcanzarlo de cuatro a ocho años; los incentivos se obtendrán desde el principio, es decir, desde el primer año en el que se cumplan los requisitos de la ley.

En cuanto al otro tema polémico, la paridad electoral, el anteproyecto aprobado en marzo establecía que en las listas de todos los comicios ningún sexo podría ocupar menos del 40% de las candidaturas en cada tramo de cinco nombres, con la excepción de los municipios e islas con menos de 5.000 habitantes. El Gobierno ha decidido no modificar este aspecto del anteproyecto.