El Gobierno justifica la llegada de la TDT de pago para no quedar retrasada de la UE
PRISA considera la medida contraria a la legislación de contratos públicos
El Gobierno ha iniciado los trámites para aprobar la televisión de pago en el sistema de TDT (televisión digital terrestre) porque en Europa se está introduciendo de una manera "muy rápida" y para evitar que España se quede retrasada en este aspecto. Así lo ha manifestado hoy el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, tras firmar un convenio de colaboración con la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.
El hecho de que Industria presentara por sorpresa, durante la reunión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, un proyecto de real decreto que permite explotar en pago uno de los canales de TDT de cada cadena fue criticado por los operadores de televisión de pago. Ros ha reconocido que ha habido quejas, pero también "felicitaciones", y ha señalado que lo que se ha hecho de momento es abrir un periodo de consultas con todos los actores interesados, un trámite que se prolongará hasta el 11 de julio, antes de regularlo en un real decreto.
Una vez conocido su contenido, el proyecto suscitó críticas por parte de los representantes de Sogecable, Telefónica y Ono, que explotan canales de pago, y de Redtel (entidad que agrupa a Telefónica, Ono, Vodafone y Orange). Estos operadores expusieron que la TDT de pago no estaba contenida en los concursos públicos de televisión.
En la misma línea se pronunció el Grupo PRISA (propietario de Sogecable y editor de EL PAÍS), que consideró el proyecto de real decreto "contrario" a la legislación de contratos del sector público, que regula las concesiones de televisón terrestre, analógica y digital. "El concurso al que se presentaron Antena 3 TV, Telecinco y Sogecable no exigía ninguna modalidad de emisión, mientras que aquellos a los que concurrieron Veo (El Mundo), Net (Vocento) y La Sexta imponían obligatoriamente la emisión en abierto", subrayó ayer PRISA en un comunicado en el que apeló a la doctrina del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los contratos con la Administración.
