El Gobierno suprime la publicidad en TVE

La publicidad tiene los días contados en las pantallas de TVE. A partir del próximo mes de septiembre desaparecerán los anuncios de la televisión pública. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lo ha anunciado hoy tras la reunión del Consejo de Ministros: "Ha llegado el momento de tomar la decisión de suprimir la publicidad en RTVE".

Una vez debatido el nuevo modelo financiero de RTVE en el Consejo de Ministros, el anteproyecto será examinado por el Consejo de Estado y por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para, posteriormente, ser trasladado al Parlamento. La nueva ley "afianzará el modelo de una radiotelevisión pública mayoritaria, sostenible e independiente" que "clarificará el panorama audiovisual", según ha declarado Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

El fin de la publicidad viene acompañado de un nuevo modelo de financiación en RTVE. Para compensar la pérdida de ingresos publicitarios (478 millones previstos para este año, más de la mitad del presupuesto del grupo estatal), las televisiones privadas se apretarán en cinturón y destinarán a la pública el 3% de sus ingresos brutos anuales. En total, se calcula que inyectarán en las arcas de RTVE 140 millones de euros.

También las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, entre otras) estarán obligadas a financiar RTVE. Será a través de una nueva tasa equivalente al 0,9% de sus ingresos. Por este concepto, la televisión pública ingresará unos 290 millones de euros.

La tercera vía de financiación procederá de la tasa que todos los operadores (desde las radios a las telefónicas) pagan por la utilización del espacio radioléctrico. Esta partida equivale a 240 millones de euros. Para completar su presupuesto (que rondará los 1.200 millones), el Estado aportará a RTVE 550 millones.

Este modelo financiero ha sido recibido de forma desigual por los sectores implicados. Las televisiones privadas lo aceptan a regañadientes. Por un lado, critican que se les añada una nueva tasa (ya tienen que invertir el 5% de sus ingresos en cine y hacer frente al pago a las entidades de gestión, con una cuota similar). Pero por otro lado, han recibido el compromiso del Gobierno para que en ese 5% computen también las series de televisión. Además, las privadas se beneficiarán de los anuncios que libere TVE y se comerán una buena parte del pastel publicitario que acapara la pública.

Más furibunda ha sido la reacción de las operadoras de telecomunicaciones, que consideran "injusto" financiar un sector que, alegan, tiene poco en común con su actividad. Las telefónicas han anunciado que cargarán la cuota del 0,9% a los usuarios y detallarán esta partida en la factura telefónica. A través de Redtel, organismo que agrupa a los principales operadores, éstos aseguran que ya soportan impuestos exclusivos que suman 568 millones de euros al año. "Es injusto y difícilmente explicable que los operadores de telecomunicaciones tengan, además, que financiar un modelo determinado de televisión que opera en otro mercado distinto, como es el audiovisual".

Frente a estas protestas, De la Vega ha asegurado que es una medida evaluada que está en los márgenes de la Constitución y del derecho europeo. "Parece razonable que si van a obtener beneficios" por la desaparición de la publicidad, "puedan contribuir a la financiación del servicio público".

La vicepresidenta también ha asegurado que respeta la postura de las compañías de telecomunicaciones pero ha recordado que algunas de ellas ya pagan una tasa similar en otros países europeos, como por ejemplo en Francia: "No se entiende por qué no lo pueden pagar en España".

A partir de ahora, TVE tendrá que cumplir determinadas obligaciones. Tendrá restringida la compra de derechos deportivos, incrementará su cuota (hasta el 6%) para apoyar al cine, fomentará la emisión de debates parlamentarios y electorales e impulsará la programación infantil.