Guardería clandestina en el 5º D

"Guardería en la 1ª planta. Llamar al timbre". El cartel luce sobre el quicio de un oscuro portal en una calle estrecha de Puente de Vallecas (Madrid). Una mujer latinoamericana de unos 50 años abre la puerta. Un niño la sigue todo el tiempo. No hay más adultos en la casa.

El piso, un primero sin ascensor de unos 40 metros cuadrados, se reparte en tres habitaciones y un pequeño habitáculo con dos retretes para bebés y un lavabo de adultos. Una valla coloreada de un metro y varios juguetes distribuidos por el suelo demuestran que el recibidor hace a la vez de despacho y parque infantil. La sala intermedia es el aula principal. En la habitación del fondo, que permanece cerrada, duerme un bebé de cuatro meses en un capazo. Está en el suelo, junto a tres cunitas. El colchón de una está raído. Ante la cara de sorpresa, la dueña se justifica: "Sólo la usamos para que duerman los bebés, luego los juntamos a todos en la otra sala".

Todas las ventanas están cerradas. En esta "guardería" no hay patio ni cocina. La dueña explica que cuidan de 12 niños. Carece de lavabos infantiles, de despacho aislado o de los dos metros mínimos por menor que exige la normativa autonómica de la Comunidad de Madrid. Este lugar, visitado por EL PAÍS el pasado viernes, es sólo un ejemplo de los centenares de guarderías ilegales abiertas por toda España. Locales que escapan del control de las administraciones en los que los menores pueden permanecer hasta 12 horas. Pisos-guardería, ludotecas (locales de juego) o empresas en las que se cuida sin autorización a los hijos de los trabajadores.

La Administración lo sabe. Un informe de la Universidad de Vic encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales a petición de la Comisión Europea, revela que 10 autonomías -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid y el País Vasco- conocen la existencia de estas guarderías irregulares. Además, al menos cinco comunidades y Ceuta reconocen que tienen cerca de 400 centros privados que no han sido autorizados por la Administración porque incumplen los requisitos mínimos. Un submundo al que se ven obligados a recurrir muchas familias ante la carencia de plazas para una escuela infantil pública -faltan unas 350.000- y los precios desorbitados de muchas guarderías privadas. La media en una ciudad como Madrid está en 400 euros al mes, según Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada).

En el piso de Vallecas, que hace medio año albergaba una autoescuela, cobran 200 euros por niños de más de un año y 240 por bebé. A esta tarifa se suman los 25 euros que hay que pagar por el babi rojo y blanco que ninguno de los dos pequeños que están en el centro lleva, además de otros 25 de la cuota trimestral de material. Cuidan niños de siete de la mañana a seis de la tarde. "Una auxiliar y una educadora cuidan los niños y tenemos catering", asegura la dueña.

Otra puerta se abre en una vivienda familiar del sur de Madrid. Una supuesta madre busca una solución "rápida y barata" para Lucas, su bebé de 23 meses. La propietaria del piso, situado en el 5º D, recela de la visita. "¿Quién la envía?". Quiere conocer a la persona que ha informado del lugar. Al fondo del pasillo, en el salón de la vivienda, dos niños pequeños asoman la cabeza. Entre el sonido de la televisión encendida, se identifica a un tercer bebé. Huele mucho a comida. Ante la insistencia de la supuesta madre desesperada, uno de los hijos de la propietaria del piso señala: "Pero le tendrá que pagar usted algo a mi madre porque ha habido gente a la que le hemos cuidado los niños y luego no nos ha pagado". No cierran ninguna tarifa. Quedan en volver al apartamento, que ya fue inspeccionado por la Policía Municipal hace un año sin éxito. Confirmar la infracción es complicado. Implica demostrar que existe un intercambio económico. Algo que no siempre deja rastro.

La familia que vive en un bajo de otro barrio obrero de Madrid lo sabe. No sueltan prenda. A pesar de que sus vecinos aseguran que esta casa funciona como guardería clandestina desde hace meses. "Las madres dejan a los críos por la mañana y vienen a recogerlos por la tarde", afirma una señora en el portal. Sin embargo, cuando se abre la puerta, la propietaria lo niega varias veces. Han recibido al menos en una ocasión la visita de la policía. Tanto la mujer, desconfiada, como otros dos familiares que salen al rellano parecen tener la respuesta preparada. "Aquí cuidamos sólo a los niños de nuestra familia, es que tenemos varios", se excusa la más joven.

Puede que el hijo de un mes y medio de Carmen, boliviana de 26 años, termine en uno de estos pisos-guardería. Lo gestionaría ella misma en su propia casa. Hace ya tres años que llegó a España y aún no tiene papeles. "No encuentro trabajo y menos ahora con el niño. Si lo encontrase tampoco me podría permitir llevar al bebé a una guardería...", dice apurada. Carmen sigue el ejemplo de su amiga Lourdes que cuida a cinco pequeños en su casa. "Ya que tengo que quedarme cuidando a mi niño gano algo de dinero con otros", concluye Carmen.

Este tipo de pisos suelen cobrar unos 150 euros al mes con comidas incluidas, según Eduard Sanginés, miembro de la Asociación de Cooperación Bolivia España (Acobe). Conoce bien el sistema. Su hija nació en enero pero hasta septiembre no podrá optar por una plaza en una guardería pública. Teóricamente podría incorporarse en cualquier momento, pero no hay plazas. Tanto su mujer como él trabajan. Todavía no saben qué van a hacer con la niña.