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Industria ve irrelevante la sentencia que anuló la recalificación del suelo del ATC

El Gobierno realizó la puntuación de los candidatos, no el comité asesor técnico

El Ministerio de Industria ha considerado irrelevante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que en septiembre de 2009 anuló la recalificación de los terrenos de Zarra elegidos para el almacén nuclear. Pese a que el fallo consideró nula la declaración de los terrenos como industriales, el ministerio le ha otorgado la máxima puntuación a "la calificación urbanística" del suelo, algo clave para que superara a Ascó en la valoración oficial de los municipios candidatos a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El informe puntúa la situación de las candidaturas en función de 20 factores, desde la propiedad de los terrenos hasta la contribución de los Ayuntamientos. En cada apartado, los candidatos reciben una nota de cero a 10. No todos los aspectos valen lo mismo, ya que la calificación de los terrenos o las distancias de transporte valen 10 puntos y la meteorología o la hidrología solo dos.

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Zarra obtiene la máxima calificación en 11 de las 20 categorías. Ascó, segundo en la lista, obtiene la máxima nota en 14 apartados. Sin embargo, Zarra queda por delante entre otras cosas porque el informe no da la máxima nota a Ascó en la proximidad de instalaciones de riesgo, uno de los factores de mayor peso. El texto señala que "no lejos de Ascó está la industria química de Flix, pero a distancia suficiente para que no se identifique como un riesgo".

El documento valora que las obras en Zarra pueden empezar sin demoras significativas, ya que los terrenos están ya calificados como industriales, y por eso le da 10 puntos. Pero el coordinador de Ecologistas en Acción en Valencia, Carlos Arribas Ugarte, sostiene que "la calificación urbanística del suelo no es industrial, pues hay una sentencia anuló el plan parcial y el PAI que quería promover ese uso industrial". El Gobierno de Valencia, que ahora se opone al ATC, tiene recurrida la sentencia ante el Supremo. Cuando se recalificó, el suelo era de una empresa del sobrino de Juan Cotino, vicepresidente valenciano.

Los detalles son relevantes porque es muy probable que el caso acabe en los tribunales. Los municipios que pierdan el almacén, o las comunidades y ecologistas del elegido, planean cómo recurrir la decisión del Ejecutivo y buscan ya argumentos en el informe.

El texto alude a la sentencia: "La recalificación fue objeto de Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Generalitat Valenciana. Esta declaración fue anulada por sentencia [...] por no acreditarse la disponibilidad de suministro de agua". El fallo anuló todo el plan, pero el departamento que dirige Miguel Sebastián considera que ese es un tema menor, formal y solventable en meses en el peor de los casos, ya que ya está pedida la concesión de agua. Arribas critica que se haya elegido un terreno con acceso por caminos rurales y opina que el informe parece "hecho a la medida de Zarra".

El informe es la base de la elección y considera que cualquiera de los cuatro primeros candidatos -Zarra, Ascó, Yebra y Villar de Cañas- podría ser elegido, ya que hay "escasas diferencias entre ellos". El texto fue aprobado el jueves por la noche por una comisión interministerial. El informe fue realizado por el Ministerio de Industria y presentado a los miembros de la comisión para que lo hicieran suyo.

Pese a que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a ese documento como "la ponencia técnica", no fue realizado por el Comité Asesor Técnico, sino por una comisión gubernamental formada por altos cargos de varios ministerios, según confirmó ayer Industria. Los técnicos habían entregado hace semanas un informe, pero que no puntuaba las candidaturas. Finalmente, un Consejo de Ministros dividido -Sebastián, Salgado y los más técnicos, a favor de aprobarlo ya, y otros encabezados por De la Vega, en contra- paralizó la elección de Zarra, desairó a Sebastián y dio una baza electoral al presidente valenciano, Francisco Camps.

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