Inspectores de todo el Estado contra Ciudadanía en inglés de Camps

Cerca de 400 inspectores educativos de todo el Estado, reunidos en un congreso nacional en Zaragoza, denuncian que la "regulación" de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés impuesta por la Generalitat valenciana -en contra del criterio expresado ya por el 90% de los claustros docentes y de los directores de instituto de Secundaria- supone una "arbirtariedad administrativa" y constituye un "disparate educativo" de primer nivel.

La Junta Directiva de Adide -la asociación profesional de inspectores que representa al 90% de los funcionarios de toda España- denuncia, en una "resolución" aprobada el jueves pasado, "la instrumentalización de la inspección educativa" por parte de "algunas administraciones", como la valenciana, que pretenden "imponer a la comunidad escolar interpretaciones que poco tienen que ver con la regulación normativa".

Los inspectores -cuya función constitucional es "garantizar la educación de todos los ciudadanos" y "hacer cumplir las leyes"- sostienen, en un texto redactado con minuciosidad, que "no tiene ninguna justificación objetiva la elección de esta materia para introducir el inglés como lengua de instrucción en el sistema educativo valenciano". Máxime, subrayan los funcionarios, "cuando no se garantiza la incorporación del inglés en el segundo ciclo de la Educación Infantil, que es obligatorio". Además, consideran un "disparate educativo la fórmula organizativa y metodológica de que haya dos profesores en el aula simultáneamente: uno que conoce la materia, pero desconoce la lengua de instrucción; y otro, que desconoce la materia, pero es necesario para impartirla en inglés".

El congreso estatal rechazó, además, cualquier intento de "utilizar" la inspección educativa por parte de cualquier administración "para imponer al profesorado y a los centros fórmulas de impartir u obstaculizar la aplicación de Ciudadanía, tan arbitrarias y disparatadas como las citadas" en Valencia. La federación valenciana de Adide denunció en octubre pasado el intento de usar a los inspectores como "comisarios políticos" a través de unas "instrucciones" de la Consejería de Educación que ordenaban interrogatorios y controles en las 2.120 aulas donde se ha estrenado esta conflictiva versión inglesa de una materia que el PP objeta, pese a que se da en toda Europa desde 1997, recuerda la resolución de Zaragoza.