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Reportaje:

Internet gratis, ¿un derecho?

Chaves promete una conexión de calidad a la Red sin coste a cada hogar andaluz - Varios municipios tropezaron en el intento - ¿Es el ADSL una necesidad social que deba correr a cargo del Estado?

María R. Sahuquillo

Todos los andaluces disfrutarán de un acceso a Internet universal y gratuito. No es el mundo ideal, es una de las muchas promesas de esta precampaña electoral. Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, prometió el domingo que su Gobierno lo sufragará (si gana las elecciones) a todos los ciudadanos.

La medida puede crear revuelo en el sector de las telecomunicaciones
Los internautas acogen la promesa con incredulidad y la ven "complicada"
El PSOE andaluz ha prometido hacer realidad la medida antes de dos años
Un mega garantiza el acceso al conocimiento, dice la Junta
El 80% de las líneas ADSL están en las capitales de provincia
Las compañías no tienen obligación de garantizar la banda ancha

Con independencia de sus ingresos. Se trata de que todos tengan acceso a la sociedad del conocimiento. La medida, que tiene visos de crear un pequeño revuelo en el competitivo sector de las telecomunicaciones español, ha despertado además la incredulidad de los internautas. En otros ámbitos se discute hasta qué punto la gratuidad de la Red es una prioridad frente a otras acciones sociales. Pero, ¿puede Andalucía permitirse perder el tren de la sociedad de la información?

El uso de Internet en Andalucía es menor que la media nacional. En los últimos tres meses, el 47% de los andaluces han utilizado la Red, frente al 52% del total nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esa diferencia se agranda aún más si hablamos de usuarios frecuentes de Internet (al menos una vez a la semana): el 38,1% de los andaluces frente al 44,4% de la media nacional.

"El acceso al conocimiento es uno de los derechos básicos de la sociedad actual, y en esto Internet es fundamental", asegura Francisco Vallejo, consejero de Innovación, Tecnología y Empresa de la Junta de Andalucía. De esa aún visible brecha digital viene, según Vallejo, la promesa de Chaves que tanta cola ha traído y que costará unos 70 millones de euros anuales: Internet gratis a un mega por medio de banda ancha a partir de noviembre de 2009.

En una comunidad autónoma como Andalucía en la que muchos municipios aún no disponen de infraestructura para acceder a este tipo de tecnología, muchos ven "imposible" la idea de Chaves, que tildan de electoralista. Entre ellos el candidato del Partido Popular por Andalucía, Javier Arenas, que la ha definido como "una broma" y "una tomadura de pelo". También ha despertado las críticas de la Asociación de Internautas: "La idea es interesante, pero veo muy complicado que lo consiga. Nosotros no reclamamos que Internet sea gratis, pero sí que debe ser universal y que no cuesta lo que nos están cobrando. Hoy en día hay cuatro millones de personas en toda España que no tienen acceso a la banda ancha", critica Víctor Domingo, su presidente. Sin embargo, reconoce que si saliese adelante, la idea podría ser un buen precedente para otras comunidades.

Ante la oleada de críticas, la Junta asegura que su proyecto "no sólo no es descabellado sino que es posible". El programa consta de dos fases. La primera, que ya está en marcha, se trata de un concurso público para llevar las infraestructuras necesarias a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, unos 700, según la Junta. Algo que debe haber concluido en noviembre de 2009 y que cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros. "A partir de ese momento ya estaremos en condiciones de dar servicio a toda la población", asegura Pilar Rodríguez, secretaría general andaluza de Telecomunicaciones. Es entonces cuando se pondrá en marcha la segunda fase, la que ofrece Internet gratis que cada persona podría contratar, según Rodríguez, a las operadoras.

Pero la polémica propuesta de Chaves ha despertado viejos fantasmas. No es la primera vez que una administración se propone dar acceso a la Red de forma gratuita. Los municipios de Atarfe, en Granada, y Ponteareas, en Pontevedra, instalaron redes inalámbricas (Wi-Fi) gratuitas en 2004. Su proyecto se dio de frente con el competitivo sector español y con la Ley General de Telecomunicaciones que permite a las administraciones dar servicio, pero respetando siempre las reglas del mercado, ya que las telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia. La Asociación Nacional de Operadoras y varias empresas consideraron que el proyecto de estos ayuntamientos les perjudicaban y les denunciaron por competencia desleal. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) sancionó a las dos administraciones.

También el Ayuntamiento de Barcelona intentó algo parecido y desistió tras una consulta a la CMT. De momento, la propuesta de Andalucía intenta bordear las limitaciones legales. "Serán los propios usuarios los que escojan el operador. Como no se podrán guiar por el precio para elegirlo, porque lo costearemos nosotros, lo más probable es que lo hagan por las ventajas o promociones que les hagan las compañías", dice la secretaria general de Telecomunicaciones.

Sin embargo, para muchos, esas salvedades normativas que Andalucía intenta esquivar deberían directamente desaparecer. "El acceso a Internet tendría que ser un derecho fundamental con lo que la infraestructura y las redes por las que circula deberían ser competencia y propiedad del Gobierno. Así se conseguiría el verdadero acceso universal a la Red y se fomentaría su uso", asegura Artemio Baigorri, profesor de Sociología e Internet en la Universidad de Extremadura.

El llamado Estado del bienestar, que garantiza la protección social y todos los servicios a los ciudadanos, ha evolucionado. Para Baigorri y otros muchos, Internet forma parte ahora de ese catálogo de derechos que el Estado debería cubrir. Otros, como el profesor de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, piensan que más que un derecho fundamental es una herramienta para mejorar otros. "Hay que garantizar el derecho a una educación, a una vivienda, a la salud... Y después las herramientas. Internet es instrumento muy potente que afecta a muchos ámbitos pero no es un derecho básico", dice Lles.

Pero ¿hasta qué punto la evolución de la sociedad actual ha convertido el acceso a la Red en algo fundamental? "En una región como Andalucía, uno podría pensar que hay otras prioridades, pero es cierto que la brecha digital se produce por la dificultad para acceder a este recurso y por el uso diferencial que hacen de él los ciudadanos por su nivel social", explica el profesor de la Universidad Carlos III. "Si se consigue universalizar el acceso se podría lograr que un recurso básico como es Internet, que puede canalizar otros recursos como la alfabetización, fuese un instrumento potentísimo para alcanzar la igualdad de oportunidades", asegura Lles.

No es el único, los expertos coinciden en la importancia de que el acceso a Internet esté garantizado para todos. "El Gobierno debería facilitarlo, sobre todo si el mercado no puede dar servicio a todos aquellos que lo necesitan", piensa Manuel de Dios, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, a pesar de que cada vez más voces se alzan para reclamar un Internet de acceso universal, de momento no existe. Las compañías telefónicas no tienen obligación de garantizar -como sí lo tienen con el teléfono- la instalación de banda ancha, y hoy en día el acceso por banda estrecha, con velocidades de 56 kilobits por segundo, al que se ven obligados millones de ciudadanos, es casi inoperativo.

Esto hace que las desigualdades entre los ciudadanos que pueden utilizar la Red y los que no se acentúen. "Es un problema de discriminación para los ciudadanos inaceptable desde el punto de vista democrático. Sobre todo para los que viven en zonas rurales que son los que más perjudicados se ven por este problema", asegura el presidente de la Asociación de Internautas. El dato es esclarecedor: el 80% de las líneas de ADSL está en las principales capitales de provincia y el 60% de ellas se reparten entre Madrid y Barcelona, según las cifras de la CMT. Esto deja a las ciudades pequeñas y a municipios rurales sin acceso a la banda ancha.

Sin embargo, son estos habitantes de los núcleos reducidos los que más necesitan adentrarse en la sociedad del conocimiento, según la Asociación de Internautas. "Estas personas no se pueden quedar descolgadas. Internet les puede ofrecer múltiples posibilidades: la oportunidad de hacer una carrera online o de comunicarse con todo el mundo. La Red no sólo sirve para bajarse música ni para hacer el pirata sino que es una herramienta de comunicación fantástica que permite eliminar intermediarios y acortar distancias", asegura Domingo.

Pero el acceso universal a Internet sigue siendo una entelequia. España aún se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea en el uso de las nuevas tecnologías. Un 57% de los españoles han utilizado el ordenador en los últimos tres meses frente al 59% de la media de la UE, según el INE. España está en la media de personas que han usado la Red en los últimos tres meses (52%), pero vuelve a bajar en el uso habitual: el 44% de los españoles son usuarios frecuentes de Internet, es decir, un mínimo de una vez a la semana, frente al 47% de la media de la UE.

A pesar del atraso respecto a otros países de la Unión, los 15 millones de internautas que hay en España son un bocado apetecible en plena pre-campaña electoral. Y es que Internet y las nuevas tecnologías están de moda y, como demuestra la propuesta de Chaves, han saltado al terreno político. No es la única, muchos partidos han incluido en sus programas electorales promesas destinadas a captar el voto internauta. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, por ejemplo, ha prometido que si gana las elecciones eliminará el canon digital e implantará la conexión a Internet sin cables en todos los edificios públicos, aeropuertos y colegios, y creará zonas Wi-Fi gratis en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes. Arenas, candidato del PP a la presidencia de Andalucía, promete bonos de 240 euros para la conexión a la Red y 600 para la compra de ordenadores.

"Estas propuestas son un guiño a los jóvenes, para que se movilicen", asegura Manuel de Dios, que explica que aunque este colectivo es el que pueda sentirse más atraído por promesas como estas, cada vez más gente mayor utiliza las nuevas tecnologías. Sin embargo, el perfil típico de Internauta sigue siendo el mismo que el de hace unos años: un hombre de 15 a 34 años, que vive en una capital de provincia y que tiene estudios y trabajo. En esto la brecha digital, que con el paso del tiempo se ha vuelto un poquito más fina, no ha variado.

Con su medida, Chaves promete que más usuarios tendrán acceso a la Red. Un punto que no está tan claro para la Asociación de Internautas. "Se beneficiarán sobre todo a aquellos que ya dispongan de una conexión o incluso de ordenador. Algo que no todo el mundo tiene", dice Víctor Domingo. La Junta de Andalucía, sin embargo, asegura que hoy en día los precios de este tipo de tecnología han bajado y que "casi cualquiera" puede afrontar su pago.

Pero la promesa andaluza es para algunos sólo una medida para captar internautas, ya que la mayoría de expertos asegura que -si Chaves gana las elecciones y cumple- en noviembre de 2009, cuando Andalucía esté en disposición de garantizar su plan, el mega prometido puede resultar ridículo. La Junta reconoce que es una conexión muy básica, pero que sirve para lo más usual: usar el correo, consultar páginas... "Con un mega se garantiza el derecho al conocimiento", dice Pilar Rodríguez. Y eso, según De Dios, puede estar bien "aunque sólo sea para picar el gusanillo de entrar en la Red".

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Sobre la firma

María R. Sahuquillo
Es jefa de la delegación de Bruselas. Antes, en Moscú, desde donde se ocupó de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Sigue pendiente de la guerra en Ucrania, que ha cubierto desde el inicio. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS. Además de temas internacionales está especializada en igualdad y sanidad.

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