La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió el año pasado 4.136 denuncias, lo que supone un incremento del 75% respecto al año anterior, y estuvieron relacionadas principalmente con Internet, la videovigilancia y con la inclusión indebida de datos en listas de morosos. Así se recoge en la memoria de la AEPD de 2009, presentada esta mañana por el director del organismo, Artemi Rallo, que también revela que el pasado año se atendieron 2.000 solicitudes de derechos de tutela, un 58% más que en 2008. En total, se resolvieron 709 procedimientos sancionadores, de los que 621 acabaron con multa (por un total de 24,8 millones de euros).

Por sectores de actividad con mayor número de denuncias e investigaciones, destacan las telecomunicaciones y el sector de las entidades financieras, con 908 y 768 respectivamente. En tercer lugar se situó la videovigilancia, que continúa su ascenso al pasar de 365 denuncias en 2008 a 721 en 2009. En cuarto lugar se situaron las Administraciones Públicas, seguido de la publicidad electrónica. En la esfera de la morosidad, se incrementaron en un 225% las denuncias de personas cuyos datos habían sido tratados de forma indebida.

El 'derecho al olvido'

Rallo ha destacado además el incremento significativo de las investigaciones y denuncias relacionadas con usuarios de Internet y de redes sociales como Facebook y Tuenti, sobre todo por la difusión de fotografías sin consentimiento. Según la memoria, el año pasado se iniciaron 156 investigaciones relacionadas con Internet, redes sociales (31 denuncias) y otros sitios como foros, portales de anuncios, de vídeos como Youtube de contactos personales, servicios de correo electrónico, sedes corporativas, repertorios jurídicos o páginas personales. El informe destaca las investigaciones de oficio a portales de contactos que facilitaban públicamente la votación de la imagen física de los usuarios (con menores de 14 años).

"Las redes sociales han cruzado ya varias líneas rojas", ha aseverado Rallo, que ha añadido que cada vez existe más conciencia de que las autoridades deben reaccionar. la agencia destaca la emergencia de una nueva preocupación entre los ciudadanos, el llamado derecho al olvido, es decir, personas que piden que se cancelen sus datos en páginas de Internet y que no aparezcan en los resultados de los buscadores. Estas reclamaciones se incrementaron hasta un 200%, al pasar de 18 en 2008 a 57 el pasado año. En 2007 se registraron tan sólo tres. Los ciudadanos se quejan de la publicación y, de la consiguiente presencia en los buscadores, de sanciones administrativas ya cumplidas, edictos de deudas vencidas, datos de víctimas de violencia doméstica que ponen en riesgo su seguridad, indultos, así como sanciones disciplinarias a funcionarios de prisiones que también afectan a su seguridad. Las resoluciones dictadas en su mayor parte reconocen el derecho de los solicitantes, por lo que se ordena a los buscadores que procedan a evitar la indexación de las informaciones que existen de esos usuarios.

El balance recoge que los procedimientos sancionadores resueltos por la agencia se incrementaron cerca de un 13%, hasta llegar a los 709, de los cuales 621 terminaron con una sanción. Las multas impuestas por la AEPD han ascendido hasta los 24,8 millones de euros, lo que supone un incremento que roza el 13%. De las sanciones, el 74% fueron graves, el 21,3% leves y el 4.6% muy graves. Los sectores que más sanciones acumulan son telecomunicaciones- con 170 sanciones, sobre todo por inclusión indebida en ficheros de morosos y contratación fraudulenta de servicios, la videovigilancia (117), el sector financiero (89) y las comunicaciones electrónicas comerciales y spam (39). Por comunidades, las entidades con sede en Madrid ocupan el primer lugar con 452 resoluciones, seguida de Cataluña, con 70, y Andalucía con 39.

La memoria recoge una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran la modificación de la normativa del DNI-e para que los menores puedan acreditar su identidad electrónicamente con el fin de evitar el acceso a servicios que pueden implicar riesgos para ellos. También solicita al Gobierno que incluya en los planes de estudio de Primaria y Secundaria formación de protecciónde datos, privacidad e Internet.