Justicia destituye al alto cargo que redactó el informe a favor del velo
Ferreiro, subdirector general, apoyó el uso del 'hiyab' en las aulas cuando Najwa fue expulsada de clase - Era el interlocutor del Gobierno con los musulmanes
La polémica del hiyab (pañuelo islámico) se ha cobrado una primera víctima inesperada: Juan Ferreiro Galguera, subdirector general de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia. La subsecretaria del ministerio, Purificación Morandeira, le comunicó ayer su destitución, que será efectiva a partir del próximo sábado. En el cese no figura ningún motivo, pero en el entorno del ministro Francisco Caamaño se señala que "ha perdido la confianza" tras ejercer el cargo durante más de cuatro años.
Ferreira, de 45 años, era el encargado de las relaciones con las comunidades musulmanas de España, especialmente con la Comisión Islámica, de cuyos co presidentes se despidió ayer por teléfono.
El ministerio precisa que el cese se debe a la "pérdida de confianza"
El 15 de abril Ferreira, catedrático de Derecho Eclesiástico, redactó una nota jurídica sobre el caso de Najwa Malha, de 16 años, la alumna de origen marroquí a la que el instituto de secundaria Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid) prohibió entrar en clase porque llevaba el hiyab, y que finalmente cambió de centro.
"El derecho a profesar una creencia incluye el derecho a expresar, exteriorizar o vestirse de acuerdo con las mismas", rezaba el texto del que EL PAÍS se hizo eco el 21 de abril. "Que una alumna lleve un velo en una escuela pública no ofende los derechos fundamentales de los demás, ni tampoco el orden público".
El documento era un claro alegato a favor del derecho de colocarse el hiyab frente a las declaraciones titubeantes de varios -no de todos- miembros del Gobierno.
Ferreiro redactó la nota a petición de uno de sus interlocutores musulmanes, Mohamed Ajana, de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), que le pidió asesoramiento. No en balde la mezquita de Pozuelo, que administra Mohamed Malha, el padre de Najwa, está vinculada a la UCIDE.
El subdirector envió la nota por correo electrónico, sin membrete, y después informó verbalmente a sus superiores jerárquicos, que no pusieron ningún reparo. El documento se distribuyó entre las comunidades musulmanas de España y la prensa recogió después algunas frases.
El director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras, pidió entonces a Ferreiro que dimitiera, pero éste se negó y efectuó a continuación varios viajes de trabajo. Ante su negativa a dimitir, Contreras promovió su destitución. Ambos son compañeros de carrera.
En sus conversaciones de ayer con los responsables de la Comisión Islámica, Ferreiro achacó la sanción a la divulgación de la nota en prensa - que él desmiente haber filtrado- y a su contenido, según indican fuentes musulmanas.
Los superiores jerárquicos de Ferreiro en el ministerio desmienten que la destitución del subdirector guarde relación con el informe que elaboró. Señalan que se debe a "desavenencias" con la cúpula de Justicia y a una "pérdida de confianza".
La destitución de Ferreiro, cuya sustitución es una incógnita, causó hondo malestar entre las comunidades musulmanas en España. "Era la persona clave en nuestra relación con el Ministerio de Justicia", declaró desde Rabat Mohamed Alí, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), uno de los dos pilares de la Comisión Islámica. "Ha contribuido a resolver muchos problemas", añadió.
"La nota que redactó Ferreiro se atenía estrictamente a la ley", asegura Mohamed Alí. "Lo lamentamos mucho", recalca.
"Con su cese, los musulmanes en España nos encontramos más desamparados", afirma Yonaida Selam, que, desde Melilla, encabeza la asociación Intercultura. "El Gobierno debería rectificar y reconocer su labor incuestionable y apasionada", añade este melillense que ha iniciado en Facebook una campaña de apoyo al funcionario castigado.
Ferreiro deja el ministerio cuando está en proyecto una renovación de la Comisión Islámica, el interlocutor oficial de la Administración del Estado. Sus dos pilares son hoy en día la FEERI y la UCIDE, pero otras organizaciones representativas como la Junta Islámica o el Centro Cultural Islámico de Valencia aspiran a entrar en ella.
La nota polémica
- "El derecho a profesar una creencia incluye el derecho a expresar, exteriorizar o vestirse de acuerdo con las mismas".
- "El Estado, siguiendo el mandato del artículo 9.2 de la Carta Magna, debe proteger esa opción personal".
- "Ningún derecho fundamental es ilimitado. La propia ley orgánica de libertad religiosa nos marca los límites: los derechos fundamentales de los demás y el orden público".
- "Que una alumna lleve velo en una escuela pública no ofende los derechos fundamentales de los demás
ni el orden público (seguridad, sanidad y moralidad
pública)".
- "No hay ninguna ley que prohíba a las alumnas portar el hiyab en clase".
- "El criterio que las autoridades educativas han mantenido hasta ahora en los poquísimos casos en que esta costumbre ha derivado en un problema es que el derecho del alumno a ser escolarizado en condiciones dignas prima sobre cualquier otro tipo de consideraciones como, por ejemplo, el derecho del centro público a imponer una normativa con relación a la vestimenta".
