Ley de la CeniCiencia

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, a punto de ser ratificada Congreso, ha salido aprobada por unanimidad del Senado en parte porque todos los grupos parlamentarios han acordado presentar una moción legislativa conjunta que inste al Gobierno a hacer una ley sobre mecenazgo. Lo que se pretende, en palabras de la senadora Rosa Nuria Aleixandre (de CiU) durante el pleno del Senado que aprobó la ley, es adoptar "un sistema de financiación (...) con prestigio en todo el mundo anglosajón, donde una entidad o individuo (...) ceden un determinado patrimonio a una fundación u organismo, público o privado, que solo podrá utilizar sus beneficios.". En palabras de la senadora, "nos conformaríamos con tener una ley que nos permita competir en igualdad de oportunidades con nuestros compañeros de la Unión Europea (...) y no quedarnos rezagados frente a ellos, menos aún en la lucha que a partir de ahora hemos de tener contra los grandes gigantes como los Estados Unidos (...). Una ley que nos permita retener el talento, que, no lo duden, lo tenemos y mucho."

Señorías, para retener talento y atraer a científicos de prestigio de otros países no sólo se necesita financiación, sino un modelo de contratación competitivo. No sólo miren al mundo anglosajón para tomar como modelo la flexibilidad de su sistema de financiación, ¡fíjense en su modelo de contratación! Es la combinación de ambas cosas lo que determina en parte su éxito. Ese modelo de contratación es precisamente lo que gran parte de la comunidad investigadora está pidiendo insistentemente: la creación de un contrato temporal de cinco años de duración con una evaluación final que, de ser superada, garantice la estabilización del investigador (lo que se denomina un tenure-track en el mundo académico anglosajón).

En nuestro caso íbamos más allá, sugiriendo que se estableciera aquello que ya se empieza a demandar en estos centros de excelencia extranjeros: que el contrato estable esté sujeto a evaluaciones periódicas. El recién aprobado contrato de acceso se aleja peligrosamente de este modelo, frustrando con ello una de las reivindicaciones más importantes de la comunidad científica. Este sentimiento fue expresado muy elocuentemente por el senador Jordi Guillot Miravet de Iniciativa per Catalunya Verds durante su intervención en el pleno del Senado: la ley "sigue manteniendo el factor de la precariedad en lo que se refiere a la contratación, el acceso y la permanencia en el mundo laboral de los investigadores"; "sigue el interrogante sobre el contrato de acceso" que no "permite realmente dar estabilidad, afianzar, captar, fidelizar a los investigadores", y que "reduce las garantías que fija la normativa vigente, como, por ejemplo, respecto a la figura de los Ramón y Cajal."

Durante la última década, el programa Ramón y Cajal (RyC) ha sido lo más parecido a un tenure-track que ha habido en España. Esto ha sido gracias al compromiso que adquirían los centros de convocar plazas estables con el perfil de los investigadores RyC que hubieran superado las evaluaciones establecidas. Sin embargo, dicho compromiso ha venido sufriendo serios contratiempos, y por ello en la nueva ley se ha reconocido la necesidad de reafirmarlo explícitamente en su articulado. Pero el programa RyC no es más que un programa. Lo que debería hacer la ley es ligar el compromiso de creación de plazas estables al nuevo contrato de acceso, independientemente del nombre del programa de turno.

Incomprensiblemente se negaron a hacer esto, a pesar de que era lógico, encajaba en la legalidad vigente y no suponía ningún aumento de presupuesto (como argumentamos en las enmiendas propuestas al Congreso y al Senado, y en las numerosas reuniones con miembros de ambas cámaras y representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación (ICINN). El calificativo de acceso, por tanto, es accesorio: no es más que un simple contrato temporal de cinco años indistinguible de varios contratos por obra y servicio concatenados. Un sistema de investigación no se hace competitivo a base de maquillaje.

Con esta maniobra, la Ley de la Ciencia, lejos de abrazar el espíritu del programa RyC, lo convierte en una anomalía y abre la puerta a que desaparezca...calladamente. Un simple cambio en el nombre del programa cerraría la única vía de acceso al sistema de investigación, dejando a los investigadores a la deriva.

El Gobierno defiende un cuento de hadas cuando argumenta que la carrera científica ha quedado perfectamente definida por los nuevos contratos predoctoral, de acceso y de investigador distinguido. Si bien en la fase predoctoral, la ley contiene un aspecto muy positivo (todos los trabajos de investigación se realizarán mediante contratos laborales, tanto en el ámbito público como en el privado), en realidad es el cuento de Ceniciencia, excepto que empieza con un érase una vez, y otra vez, y otra vez...y cuando por fin llega el príncipe azul en forma de ley, éste se enamora de la hermanastra Innovación, se centra en la gobernanza y la fiscalización, y deja a Ceniciencia como estaba...o peor, porque pierde el "caldero" y a partir de ese momento puede ser víctima de una de las novedades de la ley: la concatenación de contratos temporales hasta el final de su carrera.

Señorías, no crean en cuentos de hadas. Pongan los pies en los centros de investigación, tanto en los de aquí, como en los que quieren usar como modelo. Si el objetivo es "tener una ley que nos permita competir en igualdad de oportunidades" es absolutamente necesario que los grupos parlamentarios se comprometan a revisar, con la máxima celeridad posible, tanto la financiación de los centros de investigación -fundamental para que sean los propios centros los que gestionen sus recursos humanos y puedan hacer una planificación de ellos a largo plazo- como el propio contrato de acceso, acceso que sólo será real si es transformado en un tenure-track. Esto es lo que demanda la mayor parte de las voces autorizadas de la comunidad científica (COSCE, CRUE, directores de OPI y de centros de investigación...), pero, paradójicamente, esta demanda cuenta sólo con la oposición de una serie de organizaciones sociales que, si bien representan a muchos trabajadores en otros ámbitos laborales, su representatividad entre los que realmente demandan y se beneficiarían de este contrato de acceso, por ejemplo los investigadores jóvenes no estabilizados, es muy cuestionable.

Si no se establece un verdadero tenure-track, nuestro sistema de investigación nunca alcanzará la credibilidad y la competitividad que todos deseamos y nuestra economía necesita, porque ni atraerá talento del exterior, ni podrá conservar el talento de los jóvenes investigadores (muchos de ellos de 40 años), que son responsables de buena parte de la productividad científica de este país y que se están viendo abocados a emigrar o a abandonar la investigación.

Amaya Moro-Martín es investigadora Ramón y Cajal del CSIC e investigadora visitante en la Universidad de Princeton, Andrés Moya Bedón es investigador postdoctoral del CSIC y Juan Carlos Suárez Yanes es investigador postdoctoral del CSIC e investigador asociado del Observatoire de Paris. Los tres son miembros de la Plataforma Investigación Digna.