La Ley de Dependencia se atasca entre el Gobierno y las autonomías

El Gobierno y las comunidades se culpan del retraso que sufre la Ley de Dependencia, en vigor desde el 1 de enero y que prevé la atención a las personas dependientes. Este año estaba previsto dar cobertura a los grandes dependientes, los que no pueden atender las funciones básicas de la vida.

El Gobierno considera que ya ha cumplido e insta a las comunidades a hacer su parte. "Deben implicarse con diligencia y cooperación", dijo ayer la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega en el congreso de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia. En esta tarea, añadió, no sirven "ni ambigüedades, ni demoras, ni estrategias partidistas".

Ni sindicatos ni empresarios tienen constancia de que se reciban las ayudas

El presidente de esta asociación empresarial, José Alberto Echevarría García, dijo ayer que no le consta que nadie haya recibido prestación alguna acorde a la Ley de Dependencia. "No significa que no estén atendidos, pero lo están como lo estaban antes". Tampoco los sindicatos tienen constancia de que se esté atendiendo a la gente.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales considera que en España están siendo atendidas acorde a la Ley de Dependencia 100.315 personas. Eso, dicen, según los datos que se reciben de las comunidades, porque el Gobierno central sólo se responsabilizan de Ceuta y Melilla, que están bajo su gestión directa. En esas ciudades había a 30 de septiembre 664 personas valoradas como grandes dependientes y atendidas. De ellas, han recibido alguno de los servicios que prevé la ley 633. El resto reciben la compensación económica para el cuidador familiar.

El Gobierno se niega a facilitar los datos desglosados del resto de las comunidades autónomas. Asegura que se harán públicos "en algún momento", pero que por "lealtad institucional" no los puede facilitar por ahora. Simplemente hablan de 100.315 personas atendidas y explican que han librado una partida de 220 millones de euros en virtud de los proyectos de inversión presentados por las comunidades. Todas lo han hecho, salvo Madrid y Murcia, acusan en el ministerio. La Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias están en trámites avanzados, admiten.

También aseguran que las comunidades reciben 170 o 250 euros al mes (dependiendo del grado de discapacidad) por cada gran dependiente atendido, pero no accedieron a informar sobre cuánto le ha correspondido a cada una. La mayoría de las comunidades del PP dicen que no han recibido ni un sólo euro.

El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, afirmó ayer que es "lamentable que la Ley de Dependencia no esté desarrollada y que, desde abril en que se aprobó, "los ciudadanos no sepan cuándo les toca recibir las ayudas". "Nos hubiera gustado que fuera una ley general y no una ley marco descentralizada y meramente coordinadora", añadió. Sólo cuatro comunidades han regulado el copago, es decir, lo que aportará el usuario por el servicio que reciba: Andalucía, Cantabria, Navarra y País Vasco, además de Ceuta y Melilla.