La Ley de Dependencia se atasca en los pueblos más pequeños

Cada mañana, temprano, lo visten y le dan su bastón. La hija y el yerno se van a trabajar. La casa se queda sola. Y el abuelo espera a que venga alguien a cuidarle por unas horas. El centro de día más cercano está a 12 kilómetros y ni siquiera puede ir, las plazas son para los de la capital. Porque el abuelo vive en un pueblo, Coreses (Zamora), con 1.180 habitantes y pocos recursos municipales que poner a su disposición. "No tenemos infraestructuras, no podemos ofrecer un local al que se queda solo en casa, sólo residencias privadas", asegura Ángel Elías, alcalde de Coreses. Este anciano de su pueblo ejemplifica lo que ocurre en miles de municipios en los que la realidad limita los derechos.

La Ley de Dependencia obliga a universalizar los servicios a los dependientes. Y un centro de día cerca de casa es uno de esos servicios, pero a Coreses -que lo reclama desde hace años sin éxito para abastecer a seis municipios- le supondría invertir todo su presupuesto de un año. Así que el abuelo, que tendría hasta varios centros de día donde elegir si viviera en la ciudad, se queda en casa. Solo.

Casi 7.000 de los 8.100 municipios de España tienen menos de 5.000 habitantes. Tres de cada cuatro dependientes -se estima que son 2,8 millones en todo el país- residen en zonas rurales, con una población envejecida donde el porcentaje con discapacidad es del 11,7% , casi tres puntos por encima de la media nacional, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En los pueblos pequeños -con ayuntamientos de escaso presupuesto y pocas infraestructuras alrededor- es donde hay más demanda y menos medios para aplicar la ley. Las zonas rurales "no disponen del personal especializado, ni de recursos económicos para desarrollar e implantar políticas sociales", denuncia el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro (PSOE), que esta semana ha participado en un seminario sobre dependencia en la universidad de verano de Santander. Castro es tajante: "Los mayores de los pueblos están peor atendidos que los de las ciudades por las administraciones". Y culpa a las comunidades autónomas. "No hay voluntad", lamenta.

La primera fase de la aplicación de la Ley de Dependencia cubría a las personas que necesitan ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. Todos ellos debían estar atendidos desde 2007. Los expedientes de evaluación los cumplimentan trabajadores de los ayuntamientos y, cuando el pueblo es demasiado pequeño, desde las diputaciones. Como en Zamora, una provincia donde tres de cada cuatro municipios no llega a 2.000 vecinos y en la que el porcentaje de mayores de 80 años dobla la media nacional. "Nuestros servicios sociales están saturados", señala Fernando Martínez Maíllo, presidente de la diputación de Zamora y responsable de la Comisión de Bienestar Social de la FEMP.

La Ley de Dependencia incluye ya criterios como el número de dependientes por región o la dispersión del territorio a la hora de financiar. Pero el Gobierno no entra en el reparto final de las comunidades autónomas hacia sus ayuntamientos. "Hay que respetar la distribución competencial", señala Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Política Social. Valcarce admite que garantizar los servicios para los dependientes en el medio rural es "un reto" para el Gobierno.