La Ley de Dependencia ha costado al Gobierno estos cuatro años 5.300 millones de euros
Tres de cada cuatro usuarios mayores de 80 años ya reciben prestaciones.- El Gobierno admite que hay comunidades que no cumplen el plazo de seis meses para dar la ayuda
El Gobierno ha destinado 5.390.510.668 euros a la financiación de la Ley de Dependencia en los cuatro años que lleva en vigor. Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla y León y Galicia han sido las comunidades que más han recibido, lo que no coincide con el buen desarrollo de la ley en estas regiones sino con otros factores que tienen que ver con la población, por ejemplo, o con el número de dependientes que se inscriben oficialmente en el sistema aun cuando ya estuvieran siendo atendidos con anterioridad. Madrid es un ejemplo de ello, porque la implantación de la norma en esta comunidad es débil: es la tercera autonomía por la cola en personas atendidas respecto a su población (el 0,77%, la mitad de la media nacional, que es del 1,42%, y muy lejos de las primeras, La Rioja, Cantabria y Andalucía, por encima del 2%). (Madrid, como hace con las listas de espera en Sanidad, no está de acuerdo con la forma de medir los datos del Gobierno y defiende un sistema propio).
Para tener una idea exacta de la correcta financiación de esta ley habría que contar con los datos de las comunidades autónomas, pero, tras cuatro años, no se dispone de ellos todavía. La ley exige cofinanciación por parte de las Administraciones central y autonómicas. "Hemos pedido los datos a las comunidades. Cuando alguna dice que aporta más de lo que el corresponde, les digo que me lo demuestren", dijo durante la presentación de los datos Isabel Martínez Lozano, secretaria general de Política Social y Consumo.
Los beneficiarios de la norma, alrededor de 700.000 en la actualidad, son en su mayoría mujeres (sobre todo porque son las que alcanzan una mayor esperanza de vida) y un 56% del total es usuario por su discapacidad física mientras que el resto lo es por problemas intelectuales o mentales (la estadística no lo distingue). Los extranjeros representan solo el 0,36% del total de los usuarios.
Tres de cada cuatro personas mayores de 80 años inscritos en el sistema ya reciben prestaciones. Los ancianos son los principales usuarios. Esta es la razón de que el número de mujeres sea mayor, porque en el resto de los tramos de edad, de 80 años hacia abajo, los hombres son mayoritarios.
Las ayudas más extendidas son las prestaciones económicas para que un familiar cuide en casa del dependiente: más de 385.000 personas se benefician de una de estas pagas; 240.316 disfrutan de algún servicio (ayudas a domicilio, centros de día) y 173.961 tienen una plaza en un centro residencial. El 87% de las personas mayores manifiesta en las encuestas su deseo de ser atendidos en sus propios domicilios, dijo Martínez. Este es el motivo por el que la paga familiar sigue siendo la ayuda mayoritaria, a pesar de que debería ser excepcional, como reconoce la ley. Influyen en esta decisión del usuario razones culturales, que seguramente se acrecientan en los entornos rurales. A pesar de que en España solo el 12% de la población vive en localidades con menos de 5.000 habitantes, el 28% de las personas en situación de dependencia tienen su hogar en estos pueblos. Se debe a lo envejecido que está el mundo rural.
Como corresponde al arranque de una ley de estas características, y porque así se determinaba en el calendario que se impuso, los dependientes más graves son los primeros que han ido entrando en el sistema y son los mayoritarios aún. El grado III, los más graves, suponen el 58% de los beneficiarios y algo más del 42% tienen un grado severo de dependencia. El Gobierno no ha incluido en estas estadísticas a los moderados, que entraban en el sistema en enero. Todas las cifras están cerradas a 31 de diciembre de 2010.
La financiación de esta ley por parte del Gobierno ha superado cada año la memoria económica prevista, en ocasiones hasta en un 105%. Ello se debe en parte a que no puede haber un presupuesto cerrado para esta partida, puesto que se trata de un derecho de los ciudadanos, como la sanidad, que no puede desatenderse por falta de presupuesto.
El Gobierno ha calculado que en estos cuatro años de implantación de la ley se han generado 110.841 empleos, según los datos de la Seguridad Social, un sector que ha crecido a pesar de la crisis económica.
Ni Martínez Lozano ni la directora general del Imserso, Purificación Causapié, quisieron hacer leña en las desigualdades en la implantación del sistema. "Hay que reconocer el esfuerzo de todas las Administraciones", se limitaron a decir, aunque admitieron que en algunas se va a "un ritmo más lento del previsto". Martínez recordó que un real decreto establece en seis meses el plazo que tiene una persona desde que solicita que se le evalúe hasta que recibe la correspondiente ayuda, aunque admitió que en algunas comunidades no se cumple.
Sobre la diferencia de 230.000 personas que a 1 de enero que tenían reconocida una ayuda pero esta no estaba determinada (y, por tanto, no la recibían), Causapié explicó que el proceso de fijar el tipod e prestación no era automático, y que siempre habría un retraso, que ella se niega a denominar lista de espera. De hecho, con la incorporación al sistema de los últimos dependientes, los de nivel I (los más leves) el 1 de enero de este año, la cifra de personas que están pendientes de que se les fije una prestación ha aumentado a 300.000.
