Libertad, privacidad, dinero
Aunque a primera vista esta idea nos puede parecer descabellada e impracticable, lo cierto es que los avances tecnológicos han hecho posible que en esta segunda década del siglo XXI nos podamos plantear vivir en un mundo en el que no exista intercambio físico de billetes y monedas. No podemos olvidar que un escenario así ayudaría de forma significativa en la lucha contra la inseguridad ciudadana y contra ciertos tipos (no todos) de blanqueo de capitales.
No obstante, a la vez que se plantean supuestas quiméricas virtudes de una sociedad sin dinero en metálico, surgen claras dudas respecto al posible ataque que esto supone para las libertades individuales. Con la desaparición del efectivo, el consumidor pierde completamente el anonimato que le brinda esta modalidad de pago para adentrarse en el mundo del "rastro electrónico". La cuestión es que nadie puede negar que, por muchas medidas de seguridad o garantías legales que se exijan a las entidades financieras, toda transacción electrónica es susceptible de dejar un rastro que, dependiendo de como se trate, podría constituir una información muy valiosa puesto que permite evaluar y definir aspectos de la personalidad y del comportamiento de los ciudadanos en función de sus compras y pagos.
Afortunadamente, de forma paralela al desarrollo tecnológico que nos ha permitido plantearnos este mundo feliz sin dinero, los ordenamientos jurídicos modernos han ido extendiendo progresivamente sobre la sociedad una fina capa de protección legal para inmunizar frente a los posibles abusos o intrusiones que las innovaciones técnicas de toda índole pudieran provocar en la esfera más personal de los ciudadanos.
Se trata de la consolidación del derecho a la autodeterminación informativa como barrera frente a posibles limitaciones que, por razón de la tecnología o por cualquier otra, pudieran imponerse a la privacidad de los individuos. Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer, controlar y decidir en todo momento el trato que otras personas o entidades hacen de sus datos personales y demás información sobre sí mismos.
Este principio, es una de las bases de toda sociedad democrática que tenga como fundamento garantizar el libre desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos, y se inserta dentro de nuestro derecho fundamental a la intimidad, el honor y a la propia imagen. Esta libertad de autodeterminación informativa debe comenzar en el mismo momento en que el individuo decide si los datos o su información personal deben ser tratadas por otra persona o no.
Evidentemente, la desaparición del dinero efectivo supone cercenar esta libertad porque todo ciudadano deberá necesariamente contratar un medio de pago electrónico con su entidad financiera y, quiera o no, todas las transacciones que haga a través de este podrán quedar registradas en algún fichero que, aún teniendo todas las garantías de seguridad precisas, no concede posibilidad de elección alguna al ciudadano.
Cierto es que en este mundo tecnológico y complejo puede resultar intrascendente plantearse este tema. Al fin y al cabo una inmensa mayoría dispone como mínimo de una tarjeta de crédito, realiza pagos electrónicos casi a diario y la tecnología permite garantizar la confidencialidad de las transacciones.
Sin embargo, debemos entender que lo que ponemos en cuestión no son las bondades de un mundo sin pagos en efectivo, ni tampoco las virtudes de la tecnología, sino el hecho de que nuestra sociedad se plantee utilizar atajos para conseguir el bien común condicionando gravemente las libertades individuales.
Ibán Díez es abogado del despacho Gómez Acebo y Pombo
