Licencias de 20 años para los 'agujeros' de CO2

La captura y almacenamiento bajo tierra del dióxido de carbono (CO2) ya no es sólo materia de investigación científica, sino que las empresas interesadas pueden empezar a hacer cuentas. El Gobierno ha elaborado la primera legislación en España sobre esta innovadora forma de lucha contra el cambio climático. Se sientan así las bases para las que serán las licencias de explotación de los futuros agujeros de carbono.

El anteproyecto de ley presentado ayer adapta la directiva europea sobre el almacenamiento geológico del dióxido de carbono y establece el marco jurídico según el cual se otorgarán los permisos de almacenamiento: un mínimo de 20 años antes de pasar a manos del Estado.

Los ministerios de Industria y Medio Ambiente creen que esta regulación contribuirá al objetivo de la UE de 2020 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. Paralelamente se tramita el anteproyecto que regula el comercio de derechos de emisión, según el cual éstos pasarán a ser subastados, en lugar de las asignaciones gratuitas actuales. Ambas medidas entrarán en vigor en 2013.

Los permisos de investigación y concesiones de almacenamiento de CO2 serán otorgados por Industria, con la aprobación previa de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Según el borrador, sometido a consultas, el titular de la concesión está obligado a realizar un seguimiento de los sistemas de inyección del CO2 en la zona que abergará el gas como de su almacenamiento. La nueva normativa pretende que el confinamiento geológico del carbono sea indefinido. El Estado se hará cargo de ellos cuando haya quedado demostrado, al menos durante 20 años, que CO2 está almacenado de forma segura, sin fugas.

En España, el Instituto Geológico y Minero está elaborando un mapa geológico en este sentido. Como informó este diario, el Ministerio de Industria ya reservó 11 emplazamientos por toda España como posibles candidatos. El proyecto piloto se está llevando a cabo en la Ciudad de la Energía de Ponferrada (León).

Félix Mateos, coordinador de la oficina técnica del programa de almacenamiento de CO2,, explica los detalles del proyecto: el gas se inyectará en una capa almacén, porosa, situada al menos a 800 metros de profundidad, en las adecuadas condiciones de presión y temperatura. Por encima, estará una denominada "capa sello", nada porosa, que impide el ascenso y fuga del gas. Este responsable de la Ciudad de la Energía insiste en que la clave de la seguridad del proyecto está en la elección adecuada del emplazamiento. Entre ellos, las formaciones salinas profundas, numerosas en España. Existen otros dos tipos de confinamiento, más escasos, como las capas de carbón -todavía en fase muy experimental- o en yacimientos de los que se ha extraído petróleo o gas natural.

La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, aventuró un futuro en el que las tuberías conductoras de dióxido de carbono se extendcerán en paralelo a las de gas natural. Un asunto que para los expertos está en un horizonte lejano. En cuanto al comercio de los derechos de emisión de gases, el borrador contempla la desaparición de los planes de asignación gratuita en favor de la subasta. El sector eléctrico será el primero al que se aplicará la nueva normativa, mientras que las industrias se incorporarán paulatinamente, hasta 2020, al sistema de subastas.