Londres deja la puerta abierta a la muerte asistida

La fiscalía de la Corona británica ha publicado este jueves las directrices definitivas en que se ha de basar la policía y la justicia para procesar a los protagonistas de los casos de muerte asistida. Las nuevas reglas suponen un endurecimiento de las directrices provisionales publicadas en septiembre, pero vienen a abrir la puerta a la muerte asistida y, a largo plazo, pueden significar un paso hacia la regulación del suicidio asistido o de la eutanasia.

De las nuevas directrices se han excluido dos supuestos particularmente polémicos, que recomendaban que no se procesara a quienes ayudaran a morir a personas discapacitadas y que consideraban también un motivo para el no procesamiento el hecho de ser familiar o amigo muy próximo de la persona que quiere morir. Los críticos sostenían que ambos factores eran muy peligrosos para las personas más vulnerables porque se podían sentir presionadas para elegir la vía del suicidio con el objetivo de dejar de ser una carga en su entorno vital.

Las directrices, sin embargo, confirman que no se debería procesar a las personas que ayudan a morir a otra cuando ésta ha llegado a la conclusión "clara, firme e informada" de que quiere cometer suicidio; cuando el sospechoso está "totalmente motivado por compasión"; cuando sus acciones, aunque puedan ser decisivas, constituyen sólo "un estímulo o una asistencia menor"; cuando ha intentado disuadir a la persona que quiere morir o cuando informa del suicidio a la policía y colabora plenamente en la investigación.

En sentido contrario, se recomienda el procesamiento cuando la víctima es menor de 18 años, no tiene capacidad mental para tomar una decisión informada, no ha comunicado esa voluntad de forma clara e inequívoca, cuando es el interés personal y no la compasión lo que lleva al sospechoso a asistir al suicida, o le presiona, o tiene un historial violento, o ha estimulado a otras personas a suicidarse o pertenece a una organización que facilita el suicidio, entre otros supuestos.

Estas directrices no son de aplicación automática, sino que han de ser sopesadas por la policía y la fiscalía antes de decidir sobre el procesamiento. La fiscalía se reserva el derecho a impedir el procesamiento si considera que éste no sería de interés público.

"Sigo estando encantada con esta victoria", ha declarado Debbie Purdy, la mujer enferma de esclerosis múltiple que ha forzado a través de los tribunales estas clarificaciones para asegurarse de que si algún día quiere que su marido le ayude a morir, él no sería procesado.