Elevadas a sumario las diligencias contra 10 altos cargos de UCD
La causa contra 10 altos cargos de la Administración de Unión de Centro Democrático (UCD) por supuestas responsabilidades de omisión o negligencia en relación con el envenenamiento masivo por ingestión de aceite de colza ha sido elevada a sumario por el juez instructor, Ismael Moreno Chamarro. El envenenamiento causó cerca de 360 muertos.
La causa tenía hasta ahora el carácter de diligencias previas, pero el juez, a petición de algunos abogados de las acusaciones particulares, la ha elevado a sumario, lo que presupone que considera que existen indicios de delito. Esta circunstancia había sido cuestionada hasta ahora por el magistrado, ya que en julio de 1985 archivó la causa, sin haber practicado ninguna prueba y denegando todas las solicitadas por las acusaciones por estimar que no había delito alguno. En el nuevo auto del juez, la apertura del sumario se hace por delito contra la salud pública.
El juez, en esta ocasión, ha estimado pertinentes todas las diligencias de prueba solicitadas por diversas acusaciones, y entiende que "pueden conducir a un mayor esclarecimiento de los hechos y perfección en la instrucción de la causa". El magistrado ha reclamado ya vanas pruebas documentales, y tiene pendiente la declaración de varios testigos.
El juez Moreno ha acordado también, dada la complejidad y extensión de las actuaciones, la formación de piezas separadas.
Nuevo sumario
La Audiencia Nacional ordenó en su día al juez instructor del sumario de la colza que remitiera a un nuevo juez instructor lo relativo a la actuación de 10 altos cargos de la Administración de UCD, para que ampliara la investigación y abriese un nuevo sumario, en el que deberían depurarse sus responsabilidades penales.La decisión de desdoblar el sumario de la colza del proceso a los altos cargos fue adoptada para no retrasar la resolución del sumario principal, ya que, según la Audiencia Nacional, el tipo de actuación de los industriales del aceite y de los cargos de la Administración es muy diferente en su esencia y en sus fines.
Los altos cargos para los que varias acusaciones particulares han pedido reiteradamente el procesamiento y cuya actuación se está investigando son Luis Valenciano, entonces director general de la Salud Pública; Roberto Conty, subdirector general de Higiene de los Alimentos; Guillermo Tena, director del Instituto Nacional de Toxicología; Agustín Hidalgo de la Quintana, secretario de Estado de Comercio; José Guilló, director general de Competencia y Consumo y comisario general de Abastecimientos y Transportes; José Ramón Bustelo, director general de Política Arancelaria e Importación; Antonio Rúa, director general de Aduanas e Impuestos Especiales; José Luis García Ferrero, subsecretario de Agricultura; José Manuel Rodríguez Molina, director general de Industrias Agrarias, y Antonio Bardón, jefe del Servicio contra el Fraude y subdirector de Defensa contra Fraudes.
