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ACOSO AL GRUPO PRISA

Los peones de la acusación judicial

El falangista Campmany puso en marcha la denuncia contra Sogecable

Jaime Campmany, ex director del diario falangista Arriba y actual editor y director de una revista con problemas económicos, que Banesto contribuyó a salvar en la época de Mario Conde; Francisco Javier Sainz Moreno, catedrático de derecho financiero condenado en 1987 por difundir secretos del abogado con el que trabajaba; y Jesús Cacho, muy relacionado con Mario Conde en diversas etapas, forman la vanguardia de la acusación contra Sogecable.Salvo Campmany, que tiró la piedra de la denuncia y no llegó a personarse como parte en el proceso -es conocida su relación con el juez del caso- los otros dos actúan de querellantes, asistidos por los abogados José María Stampa y Juan Francisco Franco. A ellos se ha sumado un grupo de letrados que participan en el asunto en nombre de una decena de abonados a Canal +, los que han aceptado querellarse de entre los 1.417.000 suscriptores de dicha cadena. Entre esos abogados figura Manuel Murillo, antiguo secretario general del PSOE histórico, que defiende al ex comisario de policía Francisco Álvarez en el caso de los GAL.

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Francisco Javier Sainz Moreno: 51 años, natural de Bilbao. Es profesor de derecho financiero. En 1987 fue condenado a dos meses y un día de arresto y multa de 40.000 pesetas, como autor de un delito de revelación de secretos por difundir los datos de las agendas de su ex jefe, el abogado Matías Cortés -consejero de PRISA- Según la sentencia que le condenó, Sainz Moreno sustrajo numerosos documentos "personalísimos" del despacho de Cortés y se los facilitó a varias revistas, que los publicaron.

El intelecto de Sainz Moreno se plasma en aseveraciones como ésta: "El Derecho es de derechas, como su propia palabra indica; no puede haber ningún Derecho de izquierdas", que dejó escrita en un tratado publicado en 1977. Con posterioridad se ha definido sin rubor como "un revelador de secretos" y no oculta su relación con el empresario José María Ruiz Mateos. El 9 de abril, la Fiscalía de Madrid acordó solicitar al juzgado de instrucción número 24 de la capital dos meses de prisión para Sainz Moreno por facilitar la evasión de Ruiz Mateos, quien huyó de la Audiencia Nacional, disfrazado, el 27 de octubre de 1988.

De carácter provocador -se jacta de facilitar. él mismo a revistas y periódicos los datos más polémicos de su biografía-, Sainz Moreno se ha caracterizado durante la instrucción que lleva a cabo el juez Gómez de Liaño por solicitar las medidas cautelares y fianzas más disparatadas.

Liafio aceptó su personación en ejercicio de la acción popular; incluso le concedió el beneficio de no depositar fianza por ello, aceptando el argumento de que tiene escasos ingresos. Y pese a que el Colegio de Abogados dejó muy claro desde el principio que Sainz Moreno no estaba habilitado para ejercer la acción popular en ese asunto, el juez mantuvo contra viento y marea el derecho de Sainz Moreno a ello, originándose así un larguísimo incidente procesal que cortó finalmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, revocando la decisión del juez instructor, respecto a dicho querellante. Este subsanó el problema con el nombramiento de Juan Francisco Franco como representante legal en la causa.

En una extensa entrevista concedida a Diario 16 en el pasado mes de abril, Sainz Moreno reveló algunas características de su peculiar carácter. Es capaz, por ejemplo, de dar clase con una bombilla prendida en la solapa que enciende cuando cree que ha encontrado una idea brillante. Y no tiene inconveniente en presumir de haber facilitado "más de 300 portadas" a diversas publicaciones. Su autodefinición en Diario 16 no tiene desperdicio: "Heterodoxo, contestatario, marginal, justiciero, descarriado y Conde de Montecristo".

Jaime Campmany y Díez de Revenga: 72 años. Natural de Murcia. Licenciado en derecho y periodista. Falangista destacado, ocupó importantes cargos durante el franquismo. Jefe nacional de actividades culturales del Sindicato Español Universitario (SEU); presidente del sindicato vertical del espectáculo (1974) y miembro del Consejo Nacional de Prensa. Fue director de la agencia Pyresa (1966) y director del diario Arriba (1970-1971). Desde 1985 ejerce como editor y director de la revista Época (actual accionista, junto con El Mundo, de Vía Digital, la plataforma de televisión impulsada desde el Gobierno). También es colaborador de Abc. La revista alemana Der Spiegel le describió en mayo pasado como "editor de la revista sensacionalista Época, que fue directivo del principal órgano de prensa fascista".

En el semanario que dirige y edita se publicaron los primeros artículos con graves acusaciones contra Sogecable-Canal +, firmados por un colaborador de la publicación, el periodista Jesús Cacho (colaborador también de El Mundo). Cacho también ha presentado querella contra Canal + -Sogecable. Los artículos de Cacho fueron apuntalados en la misma publicación con un texto sobre irregularidades en Sogecable-Canal + firmado por el periodista Miguel Platón, con el que se documentó la denuncia de Campmany. A las pocas semanas, Platón fue nombrado director de información de la agencia estatal Efe.

Campmany mantiene una relación de parentesco de hecho con el juez instructor del sumario contra Sogecable, Javier Gómez de Liaño. Emilio Campmany, hijo del director de Época, está casado con Cristina Márquez de Prado, hermana de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, esta última compañera sentimental del juez Liaño. Emilio Campmany fue nombrado consejero de la empresa editora de Época el pasado mes de enero. Tanto Emilio Campmany como su esposa, Cristina Márquez de Prado, fueron administradores de Época en otras etapas.

Época está editada por Difu-

sora de Información Periódica (Dinpesa), de la que Jaime Campmany es presidente. Entre mayo de 1993 y febrero de este año, Dinpesa estuvo controlada al 50% por una empresa filial de Banesto, Corinen y por el propio Jaime Campmany. Corinen adquirió el 50% de Dinpesa en mayo de 1993 -en la era Conde- mediante una ampliación de capital en la que invirtió 151.800.000 pesetas y un contrato a tres años mediante el cual adelantaba publicidad a la publicación por un importe de 375 millones de pesetas. El contrato publicitario de Banesto ha representado una sensible ayuda a Dinpesa para sobrevivir en los últimos años.En 1995, las pérdidas declaradas de explotación superaron los 71 millones. Hubieran sido más abultadas aún si Dinpesa no hubiera activado en su contabilidad su archivo fotográfico, valorado en 1992 en 375 millones de pesetas por el Centro Técnico de Tasaciones e Investigaciones. La cuestión del archivo fue señalada por los auditores como salvedad en su informe. Época declaró en 1996 un resultado de explotación de 83 millones, del que resultó un beneficio de 952.000 pesetas.

Jesús Cacho: Palentino, ex periodista de EL PAÍS -de donde salió en 1988 tras producirse un problema profesional- Durante casi un año (del 22 de agosto de 1988 al 25 de julio de 1989) y coincidiendo con la llegada de Mario Conde a la presidencia de Banesto, fue accionista y administrador solidario de la empresa Asesores 2.000, que se ocupó de la imagen del ex banquero hoy condenado. Durante ese año simultaneó la labor empresarial con una colaboración periodística en el diario Abc. Especializado en información económica, es autor de varios libros centrados en el mundo financiero. Especialmente conocidas son sus obras sobre Mario Conde, Asalto al poder y Duelo de titanes, que rodearon al protagonista de esas obras de una aureola de hombre hecho a sí mismo, triunfador y verdugo de la vieja oligarquía bancaria, amén de persona dispuesta a disputar el poder a Felipe González cuando éste último se encontraba aún en un buen momento de su carrera política.

Manuel Murillo. Abogado. Ex secretario general del PSOEh (histórico). 61 años. Natural de Zalamea de la Serena (Badajoz). Representa en el caso a algunos abonados de Canal +. Hijo de un perseguido político de la dictadura, en los años 70 tuvo un cierto protagonismo político (fue representante en el Congreso socialista de Toulouse y mantuvo una buena relación con el entonces secretario general, Rodolfo Llopis). Opuesto al sector socialista renovador que encabezaba el joven Felipe González, logró que el ministerio de la Gobernación le autorizara a utilizar las siglas PSOE (histórico) con el ánimo de que robara votos al PSOE de González. En los últimos meses, Murillo ha adquirido de nuevo cierto protagonismo en el mundo judicial por su participación en el caso GAL como defensor del ex responsable de la lucha antiterrorista en el País Vasco, Francisco Álvarez.

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