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Madrid admite que no es capaz de reducir la contaminación

La capital pedirá una moratoria a Bruselas porque incumple la legislación

Elena G. Sevillano

Madrid ha suspendido el examen de la contaminación de 2010. El año pasado era el de la verdad. Hasta entonces, los niveles máximos que fijaba la legislación europea eran solo recomendaciones, umbrales que tenían que servir para ir reduciendo progresivamente la contaminación. Año tras año, los llamados "márgenes de tolerancia" se iban estrechando, hasta llegar al objetivo de obligado cumplimiento. En 2010, la media anual de dióxido de nitrógeno, un gas irritante de las vías respiratorias que produce principalmente los vehículos de motor, debía ser inferior a 40 microgramos por metro cúbico. Madrid, tal y como anunció ayer su concejal de Medio Ambiente, Ana Botella, registró 44. La capital está incumpliendo la legislación europea.

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Más de uno se sorprendió ayer cuando, durante la comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Botella reconoció el incumplimiento. Era la primera vez. Hasta ahora, y pese a que Madrid ha estado superando ampliamente (en los últimos años, un 30%) los valores límite, el discurso del Ayuntamiento ha consistido en negar el problema, alegando que no se vulneraba ninguna norma. Ya no hay excusa y por eso Botella cambió el discurso. Para amoldarse a lo que pide Bruselas habría que reducir el tráfico un 50%, aseguró. "Lo cual parece que ahora mismo no es posible".

La solución que apuntó ayer no pasa por imitar a capitales europeas que han instalado peajes de entrada al centro o zonas de bajas emisiones, sino por pedir una moratoria a la Unión Europea. Lo hará, dijo, a través del Estado, que es el único interlocutor válido. Madrid sería así la primera ciudad española que pide una prórroga para cumplir con Europa. El Ministerio de Medio Ambiente aseguró ayer no haber recibido ninguna otra petición.

Los datos sobre dióxido de nitrógeno que ofreció ayer el Ayuntamiento de Madrid muestran que solo seis de las 24 estaciones que forman la red de medición estuvieron por debajo del valor límite anual "para la protección de la salud humana" que exige la UE. Fueron precisamente los situados en grandes parques urbanos (el Retiro, por ejemplo) o en zona suburbana (Casa de Campo). La contaminación bajó un 18,5% con respecto al año anterior, pero el dato no es comparable. El Ayuntamiento cambió la red de medición en enero de 2010. Eliminó algunas estaciones, cambió de sitio otras y añadió alguna más. Entre las que desaparecieron estaban las que peores datos habían registrado el año anterior, las situadas en las zonas con más tráfico de la capital, como la Castellana.

Botella aseguró ayer que el problema de contaminación de Madrid "ocurre en prácticamente todas las ciudades de la Unión Europea" y se quejó de que la directiva comunitaria "ha puesto unos parámetros muy difíciles de cumplir". Al Ayuntamiento no le será fácil conseguir la prórroga que pide. La directiva europea 2008/50 lo permite, pero bajo unas condiciones muy estrictas. Madrid deberá justificar que ha hecho todo lo posible para reducir su contaminación y "demostrar" que al final del plazo será capaz de cumplirlo.

Los límites legales de los contaminantes

- La directiva europea 2008/50 obliga a los países miembros a reducir sus niveles de contaminación por debajo de lo que considera "valores límite para la protección de la salud humana". Es de obligado cumplimiento desde 2010. En el caso del dióxido de nitrógeno, el máximo son 40 microgramos por metro cúbico de media anual.

- La UE fija una concentración anual de 25 microgramos por metro cúbico para las partículas en suspensión PM2,5, que estudios recientes relacionan con un aumento de ingresos hospitalarios y de la mortalidad por diversas causas. Sin embargo, hace años que la comunidad científica cuestiona ese límite, que se considera demasiado laxo. La Organización Mundial de la Salud asegura que a partir de 10 se producen efectos negativos para la salud. Madrid registró 12 microgramos/m3 en 2010.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.
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