Mediapro suspende pagos por no poder afrontar sus compromisos
Sogecable le acusa de querer eludir una indemnización judicial de 105 millones
Mediaproducción SL (Mediapro), la empresa que gestiona los derechos de la Liga de fútbol, ha solicitado el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) ante las dificultades para enfrentarse a sus compromisos económicos, en especial los más de 100 millones de euros que un tribunal de Madrid ordenó abonar a Sogecable (empresa participada por el grupo PRISA, editor de EL PAÍS) por el incumplimiento del contrato de 2006 por el que compartían la explotación del fútbol.
Mediapro admitió ayer que ha solicitado el concurso -que abre un incierto proceso de tutela judicial y reestructuración- ante "una situación que puede abocar a un desequilibrio en los flujos de caja", es decir, ante su insuficiencia de fondos. El anuncio se produce después de que Sogecable solicitara, el pasado día 9, la ejecución de la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, que impuso a Mediapro el pago de una indemnización de 97 millones de euros más intereses, lo que totaliza 105 millones.
Antes de abonar 90 millones por otra Liga, Sogecable exigió garantías
La LFP espera que el conflicto no afecte a las retransmisiones
Mediapro -presidida por Jaume Roures, dueña de Gol TV y con el control de GAMP, el principal accionista de La Sexta- trató ayer de darle la vuelta a la situación intentando atribuir a Sogecable la responsabilidad de tener que solicitar "la protección judicial mediante la apertura de un concurso de acreedores". Según sus últimas cuentas registradas, las de 2008, Mediapro tiene obligaciones de pago con proveedores de derechos que ascienden a 2.583 millones de euros hasta la temporada 2014-2015. Esta cifra representa 20 veces los fondos propios del grupo, que son 125 millones. Mediapro, con intereses en el cine y la televisión, pertenece al holding Imagina, entre cuyos accionistas figuran el financiero Juan Abelló o WPP, la compañía de publicidad a la que está vinculado Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación.
Como consecuencia del acuerdo firmado en junio de 2009, que puso fin a la llamada guerra del fútbol e implicó un nuevo reparto de los partidos de la Liga, Sogecable debía abonar a Mediapro antes del pasado 15 de junio 90 millones de euros por el primer pago de los derechos de la Liga para la temporada 2010-2011 (si bien dicho pago se podía retrasar hasta el 30 de junio). Ante el "grave riesgo" de que incumpliera sus obligaciones contractuales, Sogecable reclamó a Mediapro un aval bancario u otra garantía antes de realizar el pago ante la previsión de que los derechos vuelvan a su legítimo titular Audiovisual Sport (participada en un 80% por Sogecable y en un 20% por la catalana TV3) y Mediapro no pueda cumplir el contrato de junio de 2009.
Para intentar paralizar la ejecución de la sentencia y retrasar el pago de los 105 millones, "la respuesta de Mediapro ha sido imputar falsamente a Sogecable la necesidad de declararse en concurso de acreedores", afirmó ayer Sogecable en un comunicado.
La compañía que lidera Jaume Roures respondió que se trataba de una "burda artimaña" y, en otro comunicado, acusó a Sogecable de incumplir "sus obligaciones de pago correspondientes al contrato por los derechos de emisión de la Liga de fútbol" y dio por roto el acuerdo para emitir los partidos de Liga a través de Canal + y Canal + Liga.
Distinta es la postura de Sogecable, ya que entiende que podrá emitir la Liga con normalidad, porque el contrato de junio de 2009 sigue en vigor. Sogecable manifiesta su decidida voluntad de cumplirlo, "sin perjuicio de la incidencia que en el mismo tenga la sentencia judicial".
En la misma línea, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) confió en que la solicitud de concurso de acreedores no afecte a las retransmisiones en abierto o a través de Canal + y Canal + Liga, dijo un portavoz a Europa Press.
Mediapro y Sogecable han estado enfrentados en los últimos años por la llamada guerra del fútbol. En marzo pasado se puso fin a ese enfrentamiento. El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid estimó íntegramente la demanda promovida por AVS por el incumplimiento del acuerdo firmado en julio de 2006. Y obligó a la productora a aportar todos sus derechos a AVS. Sogecable anunció ayer que presentará una segunda demanda por los daños y perjuicios causados durante la temporada y media restante (desde febrero de 2008 hasta el final de la temporada 2008-2009)
En el comunicado difundido ayer, Mediapro afirma que el concurso de acreedores "no pone en duda la rentabilidad y viabilidad" de la compañía y que la iniciativa no tiene "ninguna repercusión en el resto de empresas del holding Imagina ni de en los grupos Globomedia y Mediapro [sic], ni en ninguna de sus filiales". Roures es el impulsor del diario Público.
Una salida a la insolvencia
La suspensión de pagos -rebautizada como concurso de acreedores a partir de la Ley Concursal de 2003- es la vía legal a la que puede acogerse una empresa en situación de insolvencia o iliquidez, bien de forma voluntaria, o bien obligatoria, cuando quien insta el procedimiento es un acreedor.
El objetivo es poder renegociar todas sus deudas de forma global y bajo tutela judicial. A partir de entonces, cualquier movimiento de la firma, que no se puede endeudar más, requiere el visto bueno judicial y queda, asimismo, bajo la tutela de un administrador concursal que dirige el proceso de la compañía. El objetivo es que la mayor parte de acreedores pueda cobrar. Se renegocia con la banca y proveedores nuevos plazos de pago e incluso quitas (se perdona parte de la deuda) y, si hay convenio, se empieza a pagar. La normativa también establece qué tipo de deudas tienen prioridades sobre otras. La firma, para cumplir, suele verse obligada a planes de reestructuración que pasan por la venta de activos o ajustes de plantillas, entre otras medidas. Durante el proceso judicial también se depuran posibles responsabilidades de los administradores de la compañía. Cuando se ha cumplido con el convenio, la firma sale de concurso.
La crisis ha disparado el número de empresas que se declaran en concurso de acreedores en España en los dos últimos años. El último caso sonado ha sido la suspensión de pagos solicitada la semana pasada por varias firmas del grupo Marsans, que pidió el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, antes de venderlas.
'La guerra del fútbol'
- Julio de 2006. Mediapro, Sogecable, TV3 y Audiovisual Sport (AVS) llegan a un acuerdo para explotar los derechos del fútbol para las temporadas 2006-2007 y posteriores. Mediapro aporta los derechos de todos sus clubes y AVS, los de los suyos.
- Julio de 2007. AVS anuncia una demanda contra Mediapro, después de que esta se negara a remitirle los derechos de los equipos valencianos que había adquirido a Canal 9. El presidente de Mediapro, Jaume Roures, dice que ha llegado a un acuerdo con 39 de los 42 clubes de la Liga Profesional y pide renegociar el contrato con AVS.
- Octubre de 2007. El juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid prohíbe cautelarmente a Mediapro la explotación de los derechos audiovisuales de los clubes de Primera División.
- Julio de 2008. La Audiencia de Madrid anula las medidas acordadas contra Mediapro. AVS le reclama 200 millones de euros de deuda.
- Junio de 2009. Sogecable y Mediapro sellan un pacto que garantiza a Canal + y Digital + partidos de la Liga de Fútbol y la Copa del Rey al menos durante tres temporadas.
- Marzo de 2010. El juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid condena a Mediapro a pagar a AVS 97 millones de euros por incumplimiento de contrato y a aportarle todos sus derechos.
- Junio de 2010. Mediapro presenta concurso de acreedores.
