Medio Ambiente cede en su pulso sobre la costa gallega

El largo contencioso del Ministerio de Medio Ambiente con la Xunta de Galicia toca a su fin. La vicepresidencia de Política Territorial ha anunciado que retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de febrero de 2010 que buscaba legalizar viviendas construidas antes de la Ley de Costas en núcleos rurales de Marín (Pontevedra), entre otras. Y lo ha hecho pese a que, inicialmente, la dirección general de Costas consideró, bajo el mandato de la gallega Elena Espinosa, que la ley invadía competencias.

Desde la llegada de Rosa Aguilar al frente de Medio Ambiente, y de Pedro Antonio Ríos a la dirección general de Costas, el ministerio ha emprendido lo que define como "una política de concertación". Pactos con las autonomías de todo color para sofocar los incendios que causados por la Ley de Costas. Primero fue Andalucía, que asumirá competencias en el litoral conforme a su estatuto. Después Canarias y Valencia, que tendrán una comisión mixta para estudiar los deslindes y la aplicación de la norma en temas como los chiringuitos. Ahora llega el turno a Galicia con la retirada del recurso.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el anuncio de la retirada del recurso al considerar "solventadas" las diferencias entre el Gobierno y la Xunta sobre la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.

Las partes han decidido que "no se modifica la delimitación, la extensión ni el regimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre".

La ley gallega establece que los núcleos rurales que no tuvieran plan urbanístico en 1988 (cuando entró en vigor la Ley de Costas) no estarían sometidos a la normativa estatal, sino a la autonómica, que permite mantener casas de dos plantas. Hasta ahora, Costas interpretaba que la ley permitía a la comunidad establecer en 20 o 100 metros la extensión de la franja de servidumbre de protección.

El director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, explicó ayer en su despacho que se da por satisfecho con la propuesta de ordenación del litoral de la Xunta. Sobre la legalización de los núcleos conflictivos en Marín afirmó: "No se podrá incrementar el volumen, pero sí mejorar la casa. Y lo que era un solar tendrá que seguir siéndolo". "Hemos aplicado una gestión concertada de la ley", señaló.

La renuncia al recurso es un síntoma de un cambio de mayor calado. Ríos afirmó que la cesión de competencias a las autonomías "no se puede universalizar", pero a la vez aseguró que "la realidad competencial no se puede sostener". "Tenemos tres comunidades con competencias [Cataluña, Andalucía y Baleares] y otras tres que lo reclaman insistentemente [Galicia, Canarias y Valencia]. No podemos ir al café para todos, pero sí a la codecisión en la que no desaparece el Estado. La gestión, cuanto más cerca mejor", concluyó.

Las palabras contrastan con la tradición de un departamento, el de Costas, de larga tradición centralista, de ingenieros que han gestionado el dominio público marítimo terrestre, la primera línea de playa. Estos a menudo recelan de las comunidades por considerarlas demasiado complacientes.

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, fue muy crítica con la retirada del recurso: "El ministerio lanza un mensaje de falsa publicidad verde y vemos que hay cosas que veíamos ganadas con la ministra Espinosa que ahora se vuelven a cuestionar". Con Espinosa en el ministerio se impulsó una reforma de la Ley de Costas a través de otra norma, la de Navegación Marítima, pero también hubo choques constantes con las autonomías y recurrió al Constitucional dos leyes gallegas (una del PSOE anterior a la actual) y otra de Canarias.

Marcos pone como ejemplo el deslinde de Doñana, en el que Espinosa no cedió a la oposición de la Junta andaluza, del PSOE, y expropió todo el sistema dunar. La Junta anunció que recurriría el deslinde pero, finalmente, no ha hecho falta. Tras la llegada de Aguilar, la administración autonómica gestionará el litoral, como establece el Estatuto de autonomía, y negociará el último deslinde de Doñana, el más conflictivo.