Mujeres pendientes de la justicia

Tienen miedo. Por el proceso penal que puede abrirse contra ellas pero, sobre todo, por la posibilidad de que sus nombres y apellidos salgan a la luz. Así se sienten las 40 mujeres que han declarado ante la Guardia Civil como imputadas por someterse, presuntamente, a abortos fuera de los supuestos previstos por la ley. Colectivos feministas y abogados que han estado en contacto con ellas aseguran que están viviendo un calvario; en especial, las que decidieron abortar hace años y habían olvidado por completo el asunto.

Entre las mujeres afectadas hay numerosas extranjeras, sobre todo francesas, holandesas e italianas, que llegaron a Barcelona por las facilidades para interrumpir su embarazo en las clínicas Ginemedex, dirigidas por el doctor Carlos Morín. Aunque ninguna ha sido formalmente detenida, la Guardia Civil no ha tenido más remedio que leerles sus derechos por un supuesto delito de aborto ilegal, castigado en el Código Penal con multa o con pena de un máximo de un año.

Por tratarse de condenas leves, todos los juristas consultados coinciden en que, si finalmente fuesen condenadas, ni llegarán a ingresar en prisión. Ni siquiera en el caso de que acumulen antecedentes. "Lo normal es que no les pase nada", sostiene uno de ellos. Además, este tipo de delitos prescriben a los tres años. Por tanto, las mujeres que abortaron hace más tiempo "no deberían" ser llevadas a juicio.

"Los testigos protegidos están identificados con un número. Eso, para el imputado y durante la fase de juicio oral, es imposible. Por ello, cuando se levante el secreto de sumario alguna mujer puede protestar", indica el abogado Miquel Capuz. En la práctica, señalan los juristas, "lo habitual" es que, como las mujeres están colaborando con la policía y han resultado ser una pieza clave en la investigación, la juez ni siquiera mantenga las imputaciones.