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Multas de 300 a 3.000 euros a prostitutas y clientes en Lleida

El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, está decidido a erradicar la prostitución callejera. Ayer entró en vigor la nueva ordenanza de civismo que prevé multar a las prostitutas y a sus clientes con sanciones que oscilan entre 300 y 3.000 euros. Lleida es, después de Barcelona, la segunda ciudad catalana que persigue la prostitución callejera.

El reglamento prohíbe "la oferta y negociación" de la prostitución en todas las vías de la ciudad. Además, considera como agravante la reincidencia y que la actividad sexual se desarrolle en un espacio público o cerca de un centro escolar, en cuyo caso las multas serán superiores a 300 euros. En Lleida son lugares habituales de prostitución la entrada a la ciudad por la antigua carretera N-II y la salida de esta misma vía en dirección a Zaragoza, donde hay tres institutos de enseñanza secundaria y una residencia de estudiantes.

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La Policía de Lleida denuncia al primer cliente de prostitución tras prohibirse esta actividad

La nueva ordenanza de civismo prevé dos tipos de actuación de la policía municipal. Una primera de advertencia y la segunda sancionadora si se hace caso omiso. Paralelamente, el Consistorio leridano pondrá en marcha un plan integral para buscar alternativas sociales, educativas y laborales a las personas que se prostituyen. Fuentes policiales cifran en alrededor de 1.100 las mujeres que se dedican a la prostitución en Lleida. Unas 160 la ejercen en la vía pública. El equipo de gobierno asegura que la ordenanza mejorará la situación personal de estas mujeres y la imagen de la ciudad. Las afectadas se oponen. Subrayan que la prohibición no da resultados y que no están claras las políticas sociales alternativas.

Pronto pago

En el caso de Barcelona, la ordenanza se aplica desde hace algo más de dos años y afectó, sobre todo, a la prostitución que se ejercía en el barrio del Raval y en una zona del Eixample barcelonés. Mientras que en esta última prácticamente ha desaparecido, en el Raval depende de la presión que ejerza la Guardia Urbana. De hecho, prostitutas, clientes y policía municipal protagonizan el juego del ratón y el gato. Las multas son de hasta 750 euros por negociar en la calle y de entre 1.500 y 3.000 si la práctica es en el espacio público. En 2007, se impusieron 2.937 multas, 900 de ellas a clientes. Es frecuente el pronto pago porque supone el 50% del descuento y se evita la notificación al domicilio.

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