La ONU alerta del creciente tráfico de personas para trasplantes

El tráfico de seres humanos para extraer sus riñones, hígado, páncreas, corazón o pulmones y comerciar con ellos no es un mito. Es un crimen en alza a escala mundial, como denuncian Naciones Unidas y el Consejo de Europa. La falta de órganos disponibles en los sistemas de donación para trasplantes alimenta este perverso trueque en el que mujeres y niños son usados como moneda de cambio.

El trasplante es algo más que una terapia clínica: es una esperanza para los casi 100.000 pacientes que reciben cada año un órgano, fruto de la generosidad de otra persona que no conocen. Otros esperan con paciencia a ese donante para poder someterse a una intervención que les evitará estar conectados a una máquina y les prolongará la vida.

Sin embargo, hay un problema "universal" que resolver, como señalan los doctores Rafael Matesanz y Beatriz Domínguez, dos de los cuatro relatores del primer estudio de la ONU sobre el tráfico de seres humanos con el fin de extirpar sus órganos, tejidos y células, y hacer negocio con ello: el tráfico de órganos existe, principalmente, por la escasez de órganos.

De acuerdo con los datos aportados, a finales de 2007 había en Europa 58.200 pacientes en espera para un trasplante de riñón, corazón o hígado. Se realizaron 25.900 intervenciones. La demanda de órganos es aún más alta en EE UU, con 95.150 personas en las listas de espera. Se realizaron 25.300 trasplantes. "Las cifras sólo muestran la punta del iceberg", señala el estudio, que augura un incremento de la demanda.

Se estima que 4.000 pacientes mueren al año en Europa esperando un trasplante, es decir, 12 personas al día. La escasez de órganos, advierten los relatores, tiene "serias consecuencias". Hasta un 10% de los trasplantes de riñón que se realizan en el mundo son resultado del tráfico de órganos, extirpados principalmente de mujeres y niños de países pobres, donde no se respetan sus derechos.

Un alto número de crímenes relacionados con el tráfico de órganos no se denuncia, lo que lo convierte en una actividad ilícita de bajo riesgo y muy lucrativa. En muchas ocasiones, toma la forma de lo que se conoce como "turismo del trasplante". Los receptores de los órganos -habitualmente de países ricos- viajan a países donde no existen o no se aplican las medidas para prevenir el crimen o proteger la vida de los donantes.

El precio del paquete -incluye viaje y trasplante- para un riñón se estima en entre 70.000 y 160.000 dólares (entre 47.000 y 107.000 euros). Y, como señala el informe, estos "servicios" pueden contratarse fácilmente en Internet.

Asimismo, el estudio subraya que el paciente debe ser tratado en la mayoría de las ocasiones cuando llega a su país de origen por complicaciones en el trasplante.

Los relatores recomiendan en el estudio que se prohíba cualquier tipo de ganancia financiera con la venta de órganos y otras partes del cuerpo humano. Un principio que ya existe en la Convención del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina de 1997. Así, apunta el trabajo, se evitará poner en riesgo el sistema de donación de órganos, basado en el altruismo. "Esa debe ser la base del sistema de trasplante de órganos", dicen los relatores en un claro llamamiento a los miembros de la ONU. En paralelo, en sus seis recomendaciones piden que se adopten medidas para incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante.

Se trata, en definitiva, de crear una nueva convención que prevenga el tráfico de órganos, tejidos y células, que permita proteger a las víctimas y persiga a los criminales. Para ello, el estudio recomienda que se haga una clara distinción legal y científica entre tráfico de órganos y tráfico de seres humanos con el propósito de extirparles los órganos para el trasplante. "Ambas expresiones se usan de manera confusa, y son dos problemas que requieren soluciones diferentes", señalan los relatores.

El estudio destaca la necesidad de establecer una definición internacional común del tráfico de órganos, tejidos y células humanas, construida sobre la idea de que cualquier transacción de órganos al margen del sistema nacional de trasplante debe ser considerada como tráfico.