Obama autoriza la financiación estatal de los grupos abortistas en el extranjero
George W. Bush, en una de sus primeras iniciativas como presidente, prohibió esa medida, moneda de cambio entre demócratas y republicanos en las últimas legislaturas
El presidente de EE UU, Barack Obama, ha fiermado este viernes una orden ejecutiva que elimina la prohibición impuesta por su predecesor, George W. Bush, al uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos que practiquen el aborto o asesoren sobre esta práctica en el extranjero. La decisión del nuevo mandatario representa una victoria para los grupos defensores del derecho al aborto.
La firma del presidente se ha realizado manera discreta, sin periodistas ni cámaras, al contrario de las órdenes ejecutivas suscritas en los días anteriores. En este caso, la Casa Blanca se ha limitado a anunciar la firma a través de un portavoz.
La concesión o no de fondos gubernamentales a los grupos pro aborto en el exterior ha sido un asunto contencioso en las últimas administraciones, que los han autorizado durante mandatos demócratas y prohibido durante los republicanos. Esta prohibición, que se conoce como "la política de la Ciudad de México", porque se anunció en una conferencia de la ONU celebrada allí en 1984, representó una de las piedras angulares de la política social de Ronald Reagan. Bill Clinton la abolió durante su mandato (1993-2001) y fue abrazada de nuevo por George W. Bush, en una de sus primeras iniciativas como presidente.
La medida también se conoce entre sus críticos como "la regla de la callada" porque también impide la concesión de fondos a grupos que defiendan o ejerzan presión para liberalizar el aborto. Los críticos consideran que esa prohibición infringe el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Washington destina cerca de 400 millones de dólares a la asistencia a la planificación familiar en 53 países, según los datos de la Agencia de Cooperación Internacional de EE UU (USAID). Los detractores de la "política de la Ciudad de México" alegan que las restricciones han limitado sobremanera la financiación de ONG que ofrecen servicios de planificación familiar y de salud, lo que acaba llevando a las mujeres a recurrir a abortos ilegales y en condiciones poco seguras.
