Oídos sordos al Consejo de Europa

El Consejo de Europa aprobó hace 15 años un catálogo de recomendaciones para los periodistas -en particular- y para los medios de comunicación -en general- que deberían ser aplicados por los Estados. Son principios éticos agrupados en un documento titulado Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística. Pero no todos los países los han hecho suyos. España es uno de ellos.

El Gobierno español (de cualquier signo, tratándose de un documento de 1993) ha dado la espalda a este código con la misma rutina con la que ignora otras recomendaciones del Consejo de Europa. En saco roto ha caído, por ejemplo, la creación de un Consejo Audiovisual que regule los aspectos técnicos y los contenidos de la radio y la televisión. España es uno de los pocos países de la UE que tampoco ha desarrollado normas para regular la transparencia informativa de las administraciones.

La cuestión es si es necesaria una ley sobre derechos y deberes de los periodistas. El catedrático Manuel Núñez Encabo lo explica: "Frente a las propuestas coyunturales en torno a la libertad de expresión, como la del caso Telma, se sacan conclusiones generales. Éste es un método equivocado. De lo que dice cada sentencia no se puede llegar a algo general. Es al revés. Hay que empezar por planteamientos globales que enmarquen el tratamiento de la libertad de expresión y el derecho a la información".

El Consejo de Europa deja claro que la información no es una actividad normal. Es un derecho fundamental y sus titulares son los ciudadanos. A ellos corresponde precisamente el derecho a exigir que la información que se le suministra se realice con veracidad y honestidad. Tampoco las empresas periodísticas son normales. Son "especiales" desde el punto de vista socioeconómico, ya que sus objetivos empresariales deben quedar limitados "por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental", porque ni los editores o propietarios de los medios ni los periodistas "deben considerarse dueños de la información".

En esta línea, especifica que ni la calidad de las informaciones o de las opiniones deben estar mediatizadas por el mero hecho de buscar más lectores, oyentes o espectadores, ni tampoco con el único propósito de aumentar los ingresos por publicidad. Y agrega que el tratamiento ético de la información exige que se considere como destinatarios a las personas y no a las "masas".