El PP llevará al Constitucional la nueva ley del aborto

"El aborto es malo. Es malo para las mujeres y es malo para la sociedad. No puede ser un derecho de la mujer algo que es malo para ella. Frente al aborto, más vida". Estas palabras, pronunciadas ayer por Sandra Moneo, portavoz del PP en la subcomisión del aborto en el Congreso, resumen la posición de su partido sobre las conclusiones presentadas por el PSOE y que giran, como avanzó el jueves este diario, sobre tres ejes: el aborto sí es un derecho; es un derecho que las mujeres podrán ejercitar según su libre voluntad en un plazo no detallado en el texto (que determinará el Gobierno y que oscilará entre las 14 y las 16 semanas) y con posterioridad si se cumplen algunas condiciones; y es un derecho que deberá garantizar el sistema público de salud. El PP considera que una ley de plazos no entra dentro de la Constitución y que, si se aprueba, será recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La subcomisión del aborto se cerró ayer tras tres meses de intenso debate que estaba abocado desde el inicio al desencuentro. Las conclusiones se votarán el próximo día 18 en la Comisión de Igualdad y ya hay dos votos particulares anunciados y antitéticos: el del Partido Popular, que quiere que se cumpla estrictamente la ley actual, y el de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, que proponen una ley de plazos de 20 a 24 semanas, más amplia que lo que parece tener en mente el Gobierno.

Apoyos suficientes

En cualquier caso, y a pesar de que IU, ICV y ERC, junto con el Bloque Nacionalista Galego, están de acuerdo con el Gobierno en la necesidad imperiosa de modificar la ley, por lo que la norma saldría adelante a pesar de la oposición del PP. PNV y CiU darán libertad de voto a sus parlamentarios.

Durante estos meses han desfilado por el Congreso comparecientes propuestos por el PP que, en algunos casos, propusieron directamente prohibir el aborto. El PP, que en los años ochenta (siendo Alianza Popular) criticó ferozmente la aprobación de la norma y la llevó ante el Constitucional, parece ahora encontrarse cómodo con su letra. Su objetivo es que se creen comisiones de evaluación que examinen cada caso; que se proteja el derecho a la objeción de conciencia de los médicos; y, sobre todo, que se establezcan fuertes medidas económicas y sociales de apoyo a la maternidad "para que ninguna mujer se vea obligada a abortar".