El PP sólo apoyará la ley de muerte digna si respeta las "creencias"

El proyecto de ley de muerte digna que aprobó el martes el Gobierno andaluz se enfrenta ahora a su último trámite: el debate de los grupos políticos en el Parlamento autonómico. Aunque la mayoría absoluta de los socialistas garantiza que la ley saldrá adelante, la Junta aspira a obtener también el voto favorable de los dos grupos de la oposición, IU y PP. El apoyo de la coalición de izquierdas se da prácticamente por hecho, pero el de los populares es todavía un enigma.

El PP evitó ayer pronunciarse con claridad sobre la ley a la espera de conocer en detalle el texto. Pero el presidente regional y vicesecretario de Política Autonómica del partido, Javier Arenas, acrecentó el misterio sobre la postura de su grupo con una declaración deliberadamente ambigua: los populares estarán "dispuestos a dialogar" si el proyecto respeta "las creencias de las familias, los pacientes y los médicos". Si no, se posicionarán "en contra".

La postura de Arenas va más allá de la mantenida el martes por su portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, que es médica de profesión. Ella minimizó la trascendencia de la norma, ya que, según dijo, regula prácticas médicas habituales, y aseguró que su grupo apoya la reglamentación de estos derechos, aunque no comprometió el respaldo a la ley hasta conocer el texto.

El requisito de respeto a las "creencias" del que ayer habló Arenas no debería ser un problema, pero si los populares quieren tensar la cuerda pueden encontrar un resquicio. El artículo 18 de la ley deja claro que, en caso de conflicto, priman los valores del enfermo sobre los del médico, que deberá "abstenerse de imponer" sus propias creencias morales o religiosas.

El Gobierno andaluz ha descartado regular la objeción de conciencia para los médicos porque, además de entender que esta potestad es sólo estatal, consideran que todos los derechos y obligaciones de la ley están dentro de lo que la comunidad médica considera "buenas prácticas clínicas". Aún así, si un médico se negara a cumplir algún artículo de la norma, tiene dos opciones: pedir la opinión del comité de ética del centro o acudir a los tribunales. Pero para evitar que se repitan demoras como la que sufrió Inmaculada Echevarría para que le desconectaran el respirador, la ley contempla que la institución sanitaria (pública o privada) responsable de la atención del paciente arbitre los medios para que los derechos de éste no se vean mermados, "incluida la negativa o ausencia del profesional". Es decir, si un médico se niega, el hospital tendrá que buscar a otro que respete la voluntad del enfermo.

El debate de la ley en el Parlamento se prolongará aún varios meses. La intención es que la norma esté aprobada este año. El PP andaluz descarta dar libertad de voto a sus diputados cuando la ley llegue a la Cámara. "No creo que vaya a haber un problema de conciencia", aseguró Arenas a este periódico, pese a que todavía no sabe si la apoyará o no. Tampoco el PSOE ha previsto esta eventualidad porque estima que hay unanimidad entorno a la ley.

La inclusión del derecho a la muerte digna fue uno de los escollos principales para el acuerdo entre PP y PSOE en el Congreso de los Diputados durante la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Al final, la solución satisfizo al PP, porque la redacción buscada "no afecta al derecho fundamental de la vida", aseveró en su día el ponente popular Federico Trillo.