PRISA denuncia el "intervencionismo" del Ejecutivo en materia audiovisual

El Grupo PRISA (editor de EL PAÍS) manifestó ayer en un comunicado su rechazo a la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de regular por decreto ley la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago. El grupo lamentó, a través de una nota, que el Gobierno haya hecho caso omiso del informe desfavorable emitido por el Consejo de Estado.

"PRISA rechaza la utilización, una vez más, por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero de un procedimiento de urgencia, sin justificación objetiva alguna, para regular aspectos parciales del modelo audiovisual. El recurso a un decreto ley para establecer la TDT de pago, que trata de eliminar las serias objeciones y advertencias del Consejo de Estado respecto al proyecto del ministro de Industria, pone de relieve el intervencionismo del Gobierno en el normal funcionamiento de los mercados", indicó la nota.

PRISA, propietario de Sogecable, también criticó que el Ejecutivo haya empleado el procedimiento del decreto ley: "El hecho es más grave aún si se tiene en cuenta que el propio Ejecutivo ya estudió hace más de un mes un anteproyecto de ley audiovisual que contempla las cuestiones ahora reguladas con precipitación. La utilización de la figura jurídica del decreto ley para un tema no urgente y sobre el que no existe demanda social alguna, desdice de los usos democráticos y es una forma de despojar a los agentes perjudicados (operadores y consumidores) de toda posibilidad de defensa jurídica de sus intereses".

Para PRISA, "el que la decisión se haya tomado en pleno mes de agosto, aprovechando la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar medidas contra la crisis económica, añade preocupantes perfiles políticos al arbitrismo gubernamental. PRISA confía en que durante el trámite de control legislativo de este decreto ley se ponga de relieve en el debate parlamentario el clientelismo del Gobierno en su política audiovisual".

PRISA lamenta que el Gobierno de Zapatero incurra en el mismo error que el de Aznar, cuando en enero de 1997 intentó regular por decreto ley la televisión de pago, lo que derivó en un fallo del Tribunal Supremo que condenó al Estado a indemnizar con más de 24 millones de euros a Sogecable. PRISA ejercerá "las acciones que estén a su alcance para defender sus derechos, máxime teniendo en cuenta los precedentes existentes".