PSOE y PP, de acuerdo en la reforma

Los retoques del Código Penal se han movido siempre al ritmo del impacto social. El caso Mariluz, llevó al Pleno del Congreso a aprobar el pasado 3 de junio por unanimidad para "elevar las penas a los infractores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cuando la víctima sea especialmente vulnerable"; "tender al cumplimiento efectivo de las penas"; "introducir medidas más eficaces de seguridad" y "contemplar de manera más específica en el Registro Central de Penados la información de penas y medidas de seguridad en sentencias firmes y no firmes por esos delitos". Es decir, que los pederastas puedan estar controlados cuando cumplan condena, de forma individualizada con medidas de vigilancia y colectivamente en un registro, al que tengan acceso jueces y fuerzas de seguridad.

El impacto del caso hizo que el PSOE y el PP incluyeran el asunto en el pacto sobre la justicia que firmaron en julio Zapatero y Rajoy. La novedad política es que ambos partidos ponen en su pacto el tratamiento de la pederastia a la misma altura que el tratamiento al terrorismo y lo llevaran al Código Penal. El PP ha renunciado a su programa de máximos de cumplimiento íntegro de las condenas o, incluso, de cadena perpetua, y el PSOE abandona posiciones más garantistas. El PP no apoyó el actual Código en 1995, porque su ponente, Federico Trillo, rechazaba el sistema de penas. Ahora Trillo trabaja con el PSOE para reformarlo. Algunas medidas postdelictuales, es decir, para convictos con condenas cumplidas, ya se aplican, por ejemplo, a terroristas para alejarles de familiares de sus víctimas, según el artículo 48 del Código Penal. El 96 establece medidas de seguridad adicionales a la pena, pero de forma limitada.