El PSOE repone dos millones de los 11 que se han restado para los más pobres

El grupo socialista ha presentado una enmienda a los presupuestos por la que se recuperarían dos millones de los 11 en los que se ha recortado la partida del Plan Concertado. Pero sigue el enfado en el sector, que quiere que se eche abajo por completo el recorte del 12% que ha sufrido este presupuesto y que el monto ascienda, por lo menos, a lo que tenía el año anterior.

Así lo ha pedido la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha presentado una enmienda para que se modifique la partida económica presupuestada para las emergencias sociales de los Ayuntamientos, que ha sufrido un recorte del 12%, lo que resta 11 millones de euros a los 97 de que se disponía para este año. Con la enmienda del PSOE, ahora serían solo 9 millones. Este dinero del llamado Plan Concertado es el que se utiliza para ayudar a las personas en sus necesidades más básicas, pagar las hipotecas en una situación de desempleo sobrevenido, impedir que les corten la luz, incluso alimentos. Las solicitudes que están recibiendo los Ayuntamientos de los ciudadanos en estos años de crisis se han multiplicado.

El presupuesto del Plan Concertado no se había recortado nunca desde 1988, cuando se creó, salvo en una ocasión, durante el Gobierno de José María Aznar, cuyo ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, pegó un tijeretazo del 6% que le ocasionó grandes críticas por parte de los socialistas.

La FEMP pide que se reponga el dinero recortado porque durante 22 años esta partida ha "proporcionado a los ciudadanos servicios sociales de calidad, adecuados a sus necesidades". Las corporaciones locales son "las Administraciones más próximas a la vida cotidiana, quienes seguirán recibiendo las demandas y la presión de sus ciudadanos en situación de necesidad, y quienes tendrán que asumir el coste de los servicios", dice la FEMP. Desde este organismo se quejan de la ya magra financiación que reciben los ayuntamientos para soportar ahora una reducción en los recursos destinados a su red de protección social básica.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha manifestado su profundo desacuerdo con este recorte, que supone, dice a modo de ejemplo, "la pérdida de unas 800.000 horas de ayuda a domicilio así como del empleo de trabajadores sociales y auxiliares de hogar". "La rebaja de este presupuesto supone un desprecio hacia las personas más vulnerables, que dejarán de recibir las prestaciones necesarias para garantizar la convivencia personal y social", ha criticado el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez. Desde esta organización no se descartan protestas como las que en su día recibió el ministro Zaplana.