Panamá bloquea el proceso español por el caso del jarabe asesino

Raquel Bravo de Díaz, de 74 años, ha luchado durante tres por sobrevivir, pero su vida se apagó el pasado 24 de abril en su casa de San Miguelito, en Panamá. Murió de un paro cardiaco y es la última víctima del jarabe de tos asesino que ha matado a 142 personas y provocado miles de heridos en todo el país. Un juez y un fiscal españoles investigan su muerte, pero la justicia panameña no colabora.

Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional, ha requerido tres veces a la justicia panameña para tomar declaración a los responsables de la Seguridad Social de Panamá que ordenaron la compra de los 9.000 kilos de glicerina adquiridos en China por la empresa española Rasfer Internacional, SA, con sede en Barcelona. Con esta glicerina se elaboró un jarabe expectorante que se distribuyó gratis en 100.000 frascos por las áreas más pobres de Panamá.

La Audiencia Nacional rechaza la extradición de la gerente española Gobierno y asociación de víctimas hablan de cientos de enfermos

La primera petición de auxilio de la justicia española se hizo el pasado mes de febrero, la siguiente en mayo y la última el pasado día 14. Hasta ahora no hay respuesta a la petición del juez español que quiere interrogar a René Luciani, director de la Caja de Seguro Social panameña, y a Magister Jessica Rodríguez, directora Nacional de Compras, entre otros funcionarios implicados.

La Audiencia Nacional tramita una querella presentada por las víctimas contra Asunción Criado, la gerente de Rasfer Internacional, SA, imputada en España por un presunto delito de imprudencia con resultado de muerte, pero la Corte de Justicia de Panamá reclama que Criado declare allí en el curso de la investigación abierta por las autoridades panameñas. La fiscalía de Panamá solicitó la extradición de la gerente española, de 58 años, y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la ha rechazado, según señala su abogado Jesús Condomines.

Rasfer Internacional, SA, la empresa española que compró la glicerina en China y la vendió en Panamá, ha suspendido pagos. En 2007 sus propietarios solicitaron el concurso de acreedores y el Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona ha dictado su liquidación. La empresa tenía 13 trabajadores.

La glicerina que adquirió la empresa española contenía dietilenglicol, tóxico para consumo humano, que causó fallos renales agudos, disminución de los niveles de orina, vómitos, somnolencia, náuseas, lesiones hepáticas, pancreáticas, edema pulmonar y otros síntomas. Un envenenamiento masivo cuyas víctimas, 20 de ellas niños, están sin cuantificar.

Gabriel Pascual, de 37 años, presidente de la asociación de víctimas, asegura que han muerto 772 personas, el ministerio público 125 y el Gobierno 142. Todos coinciden en que hay centenares de afectados, enfermos como Leocadio Wegham, de 17 años, que tres veces a la semana viaja en autobús desde su poblado, en el área de Boca del Toro, hasta un hospital de Chiriqui, a 13 horas, para su sesión de diálisis. "La atención a los enfermos no mejora", se queja Pascual que ha perdido a su padre, de 70 años, y a su abuela de 90.

La ruta del jarabe asesino se inició en Hengxiang, en el delta del Yangtsé, donde está la compañía Taixing Glycerin Factory. Desde allí salieron los 46 barriles de glicerina comprados por el intermediario chino CNS Fortuna Way. Se embarcaron en Shanghai y viajaron a Barcelona donde los recepcionó Rasfer y reenvió a Panamá. Teresa Cisneros, abogada en Panamá de las víctimas, critica la pasividad de su país y habla de sospechosas connivencias. Alejandro Sanvicente, el letrado español que presentó la querella, acusa a los directivos de Rasfer Internacional, SA, de múltiples irregularidades.