Pederastas en registros públicos
En Estados Unidos, desde 1996, todos los criminales sexuales que salen de la cárcel tienen que registrarse ante la policía de su Estado y notificar cualquier cambio de domicilio. Todos tienen la obligación de comunicarse con la policía una vez al año durante 10 para actualizar sus datos, pero quienes fueron condenados por delitos contra menores o por más de un delito sexual contra adultos tienen que hacerlo cada 90 días de por vida. Si no cumplen pueden ser condenados a un año de cárcel y 100.000 dólares de multa, y si fallan dos veces les pueden caer 10 años.
Los registros son gestionados por cada Estado, que es el que decide el acceso de la población a esas bases de datos. Por lo general, todos son públicos y pueden encontrarse en la página web del Departamento de Justicia aunque no todos los delincuentes sexuales están listados. Todo depende de la gravedad del caso. En la mayoría de esos registros sólo se puede buscar al criminal del que se conoce el nombre o domicilio concreto. Pero también hay bases de datos privadas que permiten averiguar si existe algún delincuente sexual viviendo en las cercanías de cualquier domicilio.
Las regulaciones estatales o locales también pueden imponer normas como la de Miami Dade County, que obliga a los pederastas a buscar casa a una distancia mínima de 762 metros de cualquier lugar de congregación de niños. La rigidez de esta norma ha provocado que desde hace un mes siete pederastas vivan bajo un puente en Miami con el consentimiento de la policía, al no haber podido encontrar casa.
Connecticut y otros doce Estados debaten exigir a quienes tienen antecedentes de pedofilia que registren ante la policía todos sus correos electrónicos y sus personalidades virtuales -las que utilizan para los mensajes instantáneos o para juegos como Second Life-. Si llegara a aprobarse, quienes no registren sus direcciones virtuales podrían enfrentarse a hasta cinco años de cárcel.
Ocho Estados, incluidos California y Texas, permiten el uso de castración química para violadores y pederastas reincidentes que salen de prisión y también para aquellos que lo soliciten voluntariamente. La medida es polémica y no tiene el apoyo de la comunidad médica porque la decisión de imponer la castración no la expresa un psicólogo sino un juez.
Se puede acceder a la información del registro a través de la policía. La solicitud se acepta automáticamente para asuntos laborales directamente relacionados con los menores de edad. Se intenta prevenir así que un pederasta o un abusador sexual encuentre trabajo en escuelas, guarderías o centros de vacaciones. El Gobierno estudia la posibilidad de ampliar el acceso al registro, aunque se resiste a ponerlo a disposición de familias o asociaciones de vecinos.
En los próximos meses, la policía obtendrá un nuevo poder para entrar y registrar la vivienda de un convicto de delitos sexuales. Si, por ejemplo ve una bicicleta infantil en el jardín de un ex violador, podrá entrar en su casa, interrogarle y buscar más pistas aunque no tenga otras pruebas ni información de esa persona.
