Peligrosa propuesta para la Universidad
El escrito presentado contra el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) -Por la calidad de las universidades públicas, El PAÍS, 9 de julio de 2011- tiene algunos aspectos enigmáticos y algunos bastante peligrosos. Es llamativa la coincidencia de firmas de personas de muy variada índole, no solo académica sino también de planteamientos ideológicos. Ello solo puede significar que, o bien se trata de un escrito de carácter claramente corporativo, o bien contiene algunas ideas o críticas razonables que concitan tal apoyo. O, como creemos en este caso, ambas cosas.
No faltan, desde luego, motivos para criticar el proyecto de Estatuto del PDI, y no solo la burocratización. Pero la incorporación y desarrollo de la carrera profesional con sus grados y evaluaciones esta impuesta por la Ley de Reforma de la LOU, contra la que nos manifestamos los sindicatos desde el principio, y cuyo desarrollo finalmente se ha mejorado introduciendo transparencia, objetividad y menos burocracia. Se han establecido unos criterios (reglas de juego) que parte de los rectores no desean que estén reflejados tan nítidamente en el texto del estatuto. Sigue constatándose la falta de consideración del Personal Investigador en Formación, al que por cierto, se trata de manera infame por la actual legislación, sin que ello sea motivo de ningún manifiesto de reputados investigadores senior. También nos preocupa del último borrador del estatuto la eliminación de aspectos negociados con los sindicatos, desactivando algunas garantías en un texto que no reconocía mejoras en el régimen salarial existente desde hace más de 25 años. Aspectos como la participación del PDI, a través de sus representantes, en la determinación de los criterios generales para la distribución de la tarea docente e investigadora -aspecto criticado por el escrito de los excelentes- para evitar que sea la Universidad la que directamente pueda segregar, determinando quién se dedicará a la excelencia investigadora, quién a hacer caja a través de su dedicación intensiva a la transferencia, y quiénes serán los desgraciados que se dedicarán a afrontar las cada vez más numerosas y engorrosas actividades docentes.
Pretenden perpetuar un modelo en el que las castas sigan decidiendo cómo y qué investigar
Sin embargo, el segundo aspecto y más peligroso del escrito es el mensaje antisindical y neocentralista expreso e incluso grosero con el que, desconociendo la evolución de nuestro país y el desarrollo de las libertades y derechos fundamentales, se pretende perpetuar un modelo de Universidad feudal, en el que las castas -a las que pertenecen o incluso representan personalmente algunos de los firmantes- pueden continuar decidiendo sobre cómo y qué investigar, seleccionando por criterios arbitrarios y al margen de cualquier control o participación del resto del PDI.
Lo primero no es una novedad. Ya estamos acostumbrados al repunte de un discurso antisindical. También en bastantes campus universitarios. Pero nuestra Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva -desarrollado recientemente en el ámbito de la Función Pública por el Estatuto Básico del Empleado Público- cuya proyección alcanza también a las universidades, guste o no a algunos rectores, a los excelentes agazapados y a algunas instituciones financieras que proponen nuevos y más eficaces sistemas de gobernanza.
Lo segundo es más novedoso. Los firmantes lamentan la dejación de funciones del Ministerio de Educación ante la esencial mejora de las universidades públicas. Desconocen el diseño constitucional del Estado de las autonomías y el reparto de competencias, así como el reconocimiento de la autonomía universitaria. O quizás lo conocen pero no les gusta. ¿Nostalgia de viejo cuerpo estatal y de otros tiempos?, ¿Petición vergonzante de recentralización de las competencias universitarias? Todo ello lo sostienen por la defensa de la calidad de la Universidad, por el mérito y la defensa del servicio público. Lo que hay que leer.
Desde los sindicatos defendemos la aprobación de un estatuto moderno que actualice una normativa que tiene más de 25 años, no la última versión manejada por el ministerio, sino la acordada en la Mesa Sectorial el 7 de enero de 2011. Un documento con el que se garantice la calidad en la investigación y la docencia y que incorpora un modelo democrático de relaciones de laborales. Sin esta última premisa no se podrán garantizar aquellos principios, ni la existencia de una universidad pública y al servicio de la sociedad. Una sociedad que necesita de la creación de conocimiento para poder estar en las mejores condiciones en un mundo globalizado.Los firmantes del escrito parecen olvidar una de las misiones de la Universidad, tal vez la primera: la docencia que da una formación sólida y prepara a las futuras generaciones. Su manifiesto es de otra galaxia, tanto desde el plano académico, como desde el plano político y social de derecho. Una galaxia peligrosa y nada excelente, por cierto.
Firman: R. Morón (UAM), C. Agustín (UZ), I. Postigo (UMA), J. Escribano (UCM), V. Climent (UB), A. Ponce (UPM) y M.J. Saura (UPC) son miembros de la comisión negociadora del Estatuto de PDI por CC OO.
