Profesionales progresistas rechazan la colegiación obligatoria
Sectores progresistas minoritarios de médicos y abogados piden que el anteproyecto de ley de reforma de los colegios profesionales incluya la libertad de colegiación y elimine la capacidad sancionadora de los colegios, pasando ésta a los tribunales de justicia. Los profesionales citados y también arquitectos, farmacéuticos y otros consideran "insuficiente" la liberalización de honorarios del anteproyecto de ley, que el Gobierno quiere remitir a las Cortes en septiembre.La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) -que agrupa a unos 17.000 profesionales sanitarios, en su may oria médicos-, considera, en un documento de 14 folios, que el anteproyecto de ley "peca de una tibieza y falta de decisión en el abordaje de la problemática real de los colegios profesionales".
La FADSP apoya "todos aquellos aspectos que suponen una disminución de las excesivas competencias de los colegios y de las prácticas abusivas de éstos". Para la federación "no parece razonable que se siga manteniendo a los profesionales de este país en una situación de discriminación, y a la vez de privilegio, respecto a otros ciudadanos, pues ello refuerza el corporativismo".
El médico Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP, opina que debería plantearse una nueva: ley que incluya "la eliminación de la colegación obligatoria, la democratización de las estructuras internas y la eliminación de la potestad sancionadora de los colegios". Para Sánchez Bayle, "es intolerable que en un país donde hay una legislación y una Adminiltración de Justicia, se pueda permitir que los colegios sancionen a alguien que, para más inri, tiene que colegiarse obligatoriamente, y en virtud de la opinión de una parte del colegio".
Entre las normas deontológicas de los médicos figura la confraternidad o protección recíproca frente a las responsabilidades en que pudieran incurrir.
No a los tribunales de honor
El rechazo de la actividad deontológica.de los colegios profesionales ha sido resaltado por la Federacíón de Asociaciones de Juristas Progresistas -que agrupa a unos 2.300 miembros, en su gran mayoría abogados, cuyo portavoz, el abogado Tomás Iglesias, -cuestiona la constitucionalidad de la actuación dísciplinaria. Iglesias recuerda que en el artículo 26 de la Constitución "se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de ( ... ) las organizaciones profesionales". Razona que, aunque no se autodenominen así, "los colegios profesionales actúan como tribunales de honor cuando no aplican un ordenamiento jurídico, sino un conjunto de reglas que se sitúan en el ámbito de la ética y la moral estamentales y no del derecho".Iglesias argumenta: "Las normas deontológicas no son normas legales, ni responden a una voluntaria convergencia de voluntades, mientras los colegios sean de inscripción obligatoria para el ejercicio profesional".
La supresión de la colegiación obligatoria es otro caballo de batalla de los profesionales progresistas. El anteproyecto de ley se limita a establecer la colegíación única en todo el territorio nacional en lugar de la actual dispersión, pero no avanza hacia la libertad de colegiación.
Para la FADSP, resulta "contradictorio que se propugne en lo económico una sociedad de libre mercado y en lo político una democracia representativa, y a la vez se obligue a numerosos ciudadanos a pertenecer, contra su voluntad, a determinadas organizaciones".
