Prohibido el 'burka' en edificios municipales en Lleida

La ordenanza que regula el uso del velo integral en edificios e instalaciones municipales de Lleida ha entrado en vigor hoy, después de haber superado los trámites administrativos y de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya descartado suspender cautelarmente su aplicación a petición de una asociación musulmana.

La nueva normativa faculta a la policía local a multar a todas las personas que accedan en más de un centenar de locales y recintos municipales con burka, nikab o cualquier otra vestimenta que tape completamente el rostro y dificulte su identificación. Las sanciones previstas para los infractores serán de entre 30 y 600 euros. Entre los edificios afectados están los centros cívicos, locales sociales de barrio, centros culturales, polideportivos, piscinas, mercados municipales, guarderías y las sedes administrativas del Ayuntamiento.

El consistorio no ha preparado ningún dispositivo especial ante la entrada en vigor de la prohibición y cree que en la práctica la aplicación de la ordenanza tendrá poca incidencia porque el uso del velo integral entre las mujeres musulmanas no es mayoritario en la ciudad. No obstante, se ha ordenado a los responsables de edificios municipales que avisen a la Guardia Urbana en el caso de que alguien se niegue a destaparse el rostro.

El Ayuntamiento de Lleida dio luz verde a la prohibición del velo integral en espacios municipales el pasado 8 de octubre tras haber modificado inicialmente la ordenanza de civismo y convivencia el 28 de mayo con el voto a favor de CiU, PSC, PP y un concejal no adscrito, en contra de ICV y la abstención de ERC. A principios de noviembre, la asociación Watani, con escasa representación entre el colectivo musulmán, presentó un recurso ante el TSJC y solicitó la suspensión cautelar de su aplicación al considerar que la normativa vulnera derechos fundamentales.

El alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, ha reiterado hoy en declaraciones a RNE que el burka es una prenda que discrimina a la mujer y ha instado a hacer pedagogía sobre cómo debe ser la integración de los inmigrantes en España. Ros ha recordado que la multa máxima de 600 euros solo se aplicará en casos reincidentes.