Protección de Datos considera una "práctica infractora" citar en sus casas a mujeres que han abortado

Las actuaciones policiales y judiciales en torno al caso de la clínica de abortos Isadora, en Madrid, llevaron a que algunas mujeres fueran citadas a declarar como testigos por agentes de la Guardia Civil, que se presentaron en sus casas para notificárselo. En uno de los casos, una de las mujeres estaba en su vivienda bañando a sus dos hijos a las ocho de la tarde cuando recibió la visita de dos agentes. El director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo, ha señalado hoy que estos hechos constituyen "una mala práctica, infractora de la Ley de Protección de Datos", en cuanto que la información de carácter íntimo de una persona no puede ser comunicada ni cedida a terceros, sean o no familiares de las pacientes. En estos casos las mujeres se han quejado de que las parejas, amigos o familiares que estaban en la casa cuando llegaron los agentes, se enteraron por esta actuación de que ellas se habían practicado un aborto tiempo atrás.

"El deber de secreto es una obligación legal que vincula a los poderes públicos y que les obliga a extremar las cautelas", ha señalado Rallo. "Tienen que hacer un uso adecuado, pertinente y no excesivo de la información que manejan". En este sentido, ha recordado que Protección de Datos recomienda que incluso en las comunicaciones médicas a los pacientes no se incluya el membrete en el sobre para que no sea identificado por personas distintas al titular de los datos de carácter personal.

Sobre el caso de las citaciones personales por el caso Isadora, Rallo ha indicado, sin embargo, que la Agencia de Protección de Datos no ha abierto ninguna investigación de oficio para pronunciarse oficialmente sobre el tema, ya que sólo tienen conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación. Y ha añadido que sí se abriría si alguna de las afectadas presentara una denuncia concreta.

Rallo ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa posterior a la presentación de un informe sobre confidencialidad y datos personales de centros médicos de interrupción del embarazo. El informe había sido solicitado por el Ministerio de Justicia tras las declaraciones de mujeres en las investigaciones policiales y judiciales sobre casos de aborto en Madrid y Barcelona, pero el Ministerio no preguntó a la Agencia sobre estas investigaciones en concreto ni sobre las citaciones personales. Así que el informe se limita a hablar, fundamentalmente, de las cautelas que deben adoptar las administraciones públicas en la inspección sanitaria, destacando la necesidad de aplicar "un régimen especial de protección a estos datos" por ser especialmente sensibles.